Lo dijo durante su comparecencia en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados, a la que acudía por primera vez desde su toma de posesión del cargo hace más de un año.

La ministra hizo hincapié en que “en 2016, saliendo de una de las peores crisis económicas de nuestra historia reciente, se celebraron casi 270.000 contratos a favor de personas con discapacidad”, mientras que “en el año 2007, con unas condiciones económicas mucho más favorables, el entonces ministro de Empleo hizo alarde de los 60.000 puestos de empleo que se habían creado ese año”.

Asimismo, remarcó que el empleo es “el vehículo fundamental” para que las personas con discapacidad gocen de una vida plena, y este es uno de los objetivos principales y una de las mejores formas de inclusión social y de fomento de la autonomía de las personas con discapacidad.

En este sentido, detalló que desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se está trabajando en iniciativas como el currículum anónimo, medida que pretende “que la selección de la persona sea neutra y sólo se tenga en cuenta el talento y la capacidad del candidato”, a la cual ya se han adherido 83 empresas, entre las que se encuentran Fundación ONCE, ILUNION y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

EDUCACIÓN

Por otro lado, destacó la educación como otro factor necesario para seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad, puesto que garantiza la igualdad de oportunidades, y por ello anunció que por primera vez se dará un fin social a las cuentas durmientes, aquellos depósitos y cuentas abandonados por más de 20 años, que irán destinados a la educación de las personas con discapacidad.

Respecto a la educación inclusiva, la ministra manifestó que “una parte importante del alumnado con necesidades educativas especiales, el 83,0%, está integrado en centros ordinarios”, aunque el porcentaje varía dependiendo de la discapacidad.

En concreto, “los mayores porcentajes de integración corresponden a los trastornos graves de conducta/personalidad (96,8%)”, seguidos de “discapacidad visual (95,1%) y discapacidad auditiva (94,1%)” y, por último, “el alumnado que presenta plurideficiencia, que registra el menor nivel de integración, con un 40%”.

“DEUDA HISTÓRICA” CON LA TALIDOMIDA

En cuanto a las personas afectadas por talidomida, Montserrat recordó el compromiso del Gobierno con los afectados, a los cuales “era necesario darles una respuesta”, porque “nuestro país tiene una deuda histórica con ellos”.

A su juicio, este compromiso se ha visto reflejado en la creación de una Comisión Institucional, un Comité Científico-Técnico y una oficina de apoyo a los afectados por la talidomida, que tiene como objetivo avanzar en cuestiones como la valoración de los afectados, la actualización del registro y la búsqueda de soluciones.