Así consta en una orden ministerial publicada esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con la que Medio Ambiente desarrolla la reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental aprobada en 2014. La garantía financiera permite a las empresas hacer frente a posibles daños ambientales que ocasionen sus proyectos.

Las actividades industriales clasificadas con nivel de prioridad 1 (máxima) deberán disponer de una garantía financiera en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la orden, es decir, antes del 1 de noviembre de 2018.

Dentro de las actividades incluidas en el nivel de prioridad 1 están las que cuentan con riesgos inherentes a accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como las instalaciones de combustión con una potencia térmica nominal igual o inferior a 50 megavatios y las instalaciones para la valorización o eliminación de residuos con una capacidad de tratamiento de más de 10 toneladas por día.

Por otro lado, las actividades clasificadas con el nivel de prioridad 2 deben contar con un ‘seguro verde’ en el plazo de dos años a contar desde la entrada en vigor de la orden, esto es, antes del 1 de noviembre de 2019. Aquí se incluyen determinadas refinerías de petróleo y gas, instalaciones de producción y transformación de metales, de la industria química o de gestión de residuos.

La aprobación de esa orden ministerial concluye el proceso de reforma de la normativa de responsabilidad medioambiental iniciado con la modificación de la ley en 2014, que cambia la de 2007.

El departamento dirigido por Isabel García Tejerina afirmó este jueves que ello “refuerza la protección del medio ambiente” porque asegura que, en caso de accidente, el operador responsable del daño medioambiental tenga los recursos necesarios para su reparación, en aplicación del principio de “quien contamina, paga”.