La organización criticó el incumplimiento de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por parte del Ejecutivo asturiano respecto a las batidas de lobos, ya que afirmó que, pese a haberlo solicitado oficialmente y varias veces al presidente regional, Javier Fernández, aún no ha recibido el calendario con todas las batidas de lobos programadas, ni las resoluciones firmadas que autorizan cada una de ellas.

WWF recordó que las administraciones tienen la obligación de responder a las solicitudes de información ambiental en el plazo de un mes, pero casi dos meses después no ha recibido respuesta alguna de las autoridades asturianas y cuando ya se han producido varias batidas.

La organización rechazó la “falta de transparencia” con la que el Gobierno asturiano ha autorizado las batidas contra lobos porque, según indicó, éstas se realizan sin aportar documentación que justifique la existencia de ‘circunstancias excepcionales’ ni el ‘elevado número de daños’ a la cabaña ganadera. Para WWF, “las batidas de lobos son una medida ilegal e injustificada” y por ello las denunció también ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

El secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, subrayó que actualmente se desconoce cuántos ejemplares han sido abatidos. "Es totalmente inaceptable el secretismo con que el Principado de Asturias está autorizando que se maten lobos, una especie declarada de interés comunitario al norte del río Duero. El Principado autoriza las batidas contra lobos simplemente para satisfacer las presiones del sector ganadero más radical y está en duda la legalidad de las mismas, por lo que no pararemos hasta conocer todos los detalles de las autorizaciones firmadas”, concluyó.