Ossorio dijo que “se propone reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales”.

Consideró que la Alta Inspección Educativa debe "garantizar la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, con el objetivo de preservar a los centros de enseñanza como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas".

El PP propone que se adopten las medidas legales necesarias para que los funcionarios del Estado gocen de la consideración de “autoridad pública a todos los efectos, pudiendo recabar para sus actuaciones la colaboración necesaria de las autoridades del Estado y de las comunidades autónomas para el cumplimiento de sus funciones".

Otro de los aspectos que estima necesario desarrollar es el marco normativo para que la Alta Inspección del Estado "actúe de oficio o a instancia de parte, y realice los requerimientos o informes que precise sobre la actuación de la administración educativa para comprobar, entre otras cosas, que los libros de texto o materiales curriculares se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal, y la garantía de igualdad de derechos de los alumnos, en particular los derechos lingüísticos y a recibir la enseñanza en la lengua oficial del Estado".

Ossorio manifestó que las medidas contempladas en esta iniciativa pretenden incorporarse al Pacto de Estado Social y Político por la Educación impulsado por PP, PSOE y Ciudadanos en el Congreso de los Diputados con el fin de que se pueda actuar de forma más rápida y eficiente contra cualquier tipo de actuación de acoso, discrimianción e incitación al odio a menores de edad.

Asimismo, comentó que "el Gobierno ya ha actuado con toda la fuerza que la ley permite a la hora de exigir responsabilidades y proteger a las víctimas de acoso" y destacó que “resulta de todo punto intolerable que el aula, que es un espacio de convivencia y aprendizaje, sea lugar de sufrimiento y discriminación con la finalidad perversa de imponer el pensamiento único”.

A su juicio, “lo que ha sucedido con algunos hijos de guardias civiles y policías nacionales, o con aquellos niños que no manifiestan determinados compromisos políticos pro-independentistas en Cataluña, son puros casos de acoso escolar, y como tal deben de ser tratados”.

“Además del trato vejatorio recibido por alumnos en estos centros, también se conculca el derecho al honor, la intimidad y la protección de la identidad de otros muchos que en base a su comportamiento están siendo identificados y catalogados, algo indigno de una sociedad democrática, libre y europea como es la española”, concluyó.