Fenin señala con datos actualizados a diciembre de 2016, que, a modo de ejemplo, el 70% de los TAC, el 69% de los ecógrafos y el 81% de los equipos de soporte vital superaban los cinco años de antigüedad.

Según los cálculos de la Federación deberían invertirse aproximadamente 350 millones de euros en renovación de equipos a lo largo de los próximos cuatro años (un total de 1.400 millones de euros) para alcanzar una situación que fuera coherente con las Golden Rules de Cocir que establecen que el 60% de los equipos instalados tienen que tener cinco años o menos de antigüedad.

Alfonsel, en un encuentro con periodistas agregó que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el de Hacienda, están trabajando ya en un plan para afrontar este problema.

"Hemos diseñado un plan a cuatro años y estamos trabajando con el secretario general de Sanidad y Consumo, José Javier Castrodeza, y él a su vez también está trabajando con Hacienda para afrontar esta cuestión".

"Es una decisión política, pero esperamos que se afronte cuanto antes este tema, que tanto nos preocupa porque el paciente está en el centro de todas nuestras acciones", apostilló Alfonsel, quien explicó que el mayor cliente de Fenin es la sanidad pública (70%)

También destacó la donación que hizo la fundación de Amancio Ortega a las CCAA para modernizar los equipos, que ha sido un balón de oxígeno para los hospitales.

Fenin, que acaba de cumplir 40 años, cuenta con 1.000 empresas, factura 7.200 millones de euros y representa el 0,65% del PIB. Las addministraciones le deben a las empresas de tecnología sanitaria 717 millones de euros, según datos a 30 de septiembre de 2017. El periodo medio de pago es de 91 días.

Asimismo, Pablo Crespo, responsable legal de Fenin presentó el nuevo código ético del sector, que arrancará en enero de 2018. A partir de ese momento las empresas no podrán elegir ni pagar directamente a los profesionales sanitarios que formen sino que las empresas del sector deberán destinar ayudas a la formación, en forma de becas, para la asistencia de profesionales a eventos de carácter científico-profesional a través de instituciones y organizaciones sanitarias, sin poder elegir al beneficiario de la misma.