Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo reafirmó su “total compromiso” con el Estado de derecho y la justicia internacional.

Al mismo tiempo, subrayó que la CPI es una “institución clave” en la lucha contra la impunidad y la necesidad de perseguir los crímenes contra la humanidad “allá dónde se produzcan”.

Por esa razón, el Gobierno reiteró su compromiso con los trabajos de la Corte Penal Internacional y reafirmó su intención de continuar trabajando para “reforzar” y “universalizar” el Estatuto de Roma.

Burundi se ha convertido en el primer país en abandonar la CPI por considerar este organismo parcial y centrado en los delitos perpetrados por africanos. No obstante, esta decisión no afecta a la competencia de la Corte Penal Internacional sobre una investigación anterior sobre este país, que data de 2015, sobre la muerte de 430 personas en las protestas que tuvieron lugar tras el anuncio de que el presidente Pierre Nkurunziza optaba a un tercer mandato.