Así lo destacó Tejerina en el Pleno del Congreso de los Diputados al responder al diputado Gonzalo Palacín durante una interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno en materia de prevención y la lucha contra los incendios forestales.

Tejerina ofreció las últimas estadísticas de incendios forestales en Galicia, que fue asolada recientemente por una oleada de fuegos, y apuntó que en esa región ardieron cerca de 35.500 hectáreas en la primera quincena de octubre, de las cuales 12.600 corresponden al segundo fin de semana de ese mes.

Además, apuntó que el Gobierno "estará cerca de los afectados y trabajará para recuperar cuanto antes la normalidad" tras los recientes incendios en el noroeste peninsular, con actuaciones de emergencia en restauración forestal y medioambiental, la red nacional de caminos naturales, el dominio público hidráulico, seguros agrarios y beneficios fiscales para las actividades agrarias, así como la activación del fondo europeo de solidaridad junto con Portugal con el fin de "paliar los daños" de los fuegos que afectaron a ambos países.

Palacín comentó que la Ley de Montes debe ser modificada para “evitar la posibilidad de recalificación” del terreno tras un incendio. “Estamos lanzando un mal mensaje a la sociedad cuando no apostamos ni somos más exigentes con este tipo de legislación”, añadió.

La actual Ley de Montes, en vigor desde 2015 y que modifica la de 2003, permite a las comunidades autónomas el cambio de uso de un monte incendiado cuando concurran “razones imperiosas de interés público de primer orden”, algo que las organizaciones ecologistas interpretan como abrir la puerta a construir en zonas incendiadas, que la anterior norma prohibía por un tiempo de 30 años.

“Hay que dejar algo muy claro que afortunadamente hoy todo el mundo sabe. No hay incendios para recalificación ni hay recalificaciones por incendios. Le invito a condenar a quien prende Galicia, Asturias o Castilla y León”, respondió Tejerina.

En este sentido, criticó a los incendiarios, definidos como “criminales a los que les preocupa la magnitud del daño que pueden ocasionar”. “Lo condenamos mil y tantas veces haga falta. Tenemos que poner el acento en quien enciende los fuegos y no en quien los apaga. Avanzaremos mucho cuando la sociedad sea absolutamente intolerante contra estos criminales. Necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos para ayudar a que no queden impunes las personas que tanto daño han causado”, dijo.

Anteriormente, Palacín instó a la Tejerina a “liderar la coordinación entre todas las administraciones” en la lucha contra los incendios forestales y a solicitar al Ministerio de Hacienda y Administración Pública “el presupuesto necesario” para mejorar las políticas de protección del medio natural. “La prevención en la lucha contra los incendios forestales no es una opción, ministra, es una necesidad. Por eso interpelamos en mejorar la prevención y no fiarlo todo a la extinción”, apostilló.

BRIGADISTAS FORESTALES

La titular de Medio Ambiente destacó que el PSOE no hizo política forestal cuando gobernó en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero y que la inversión para extinción de incendios a pasado de 62 millones de euros en 2011 a los actuales 85,5 millones, y que hace seis años había 62 medios aéreos, por 70 en la actualidad.

Tejerina subrayó que la campaña de extinción de incendios del departamento que dirige “no es rígida”, puesto que la de este año comenzó antes y el Gobierno ha triplicado las dotaciones en octubre, y destacó que los 545 trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) “trabajan prácticamente la totalidad del año” con mejores materiales de trabajo, más formación permanente y preparación física que en 2011, y dedican el 65% de su tiempo a la prevención y un 5% a la extinción de fuegos.

La ministra repasó las actuaciones puestas en marcha por su departamento desde 2011 en materia de prevención, detección, coordinación, extinción y restauración de los montes debido a incendios forestales, y destacó que la Comisión Europea ha afirmado que España es “probablemente el país mejor preparado y con las mejores medidas de prevención” en estos casos.