Catalá se refirió a esta cuestión en el Pleno de la Cámara Baja, donde el propio Mayoral le preguntó si España va a aplicar una recomendación de junio pasado de la ONU sobre “derecho a la vivienda de las personas desalojadas y el acceso a vivienda pública”.

El titular de Justicia respondió que en el Gobierno están “plenamente comprometidos con el derecho de la vivienda y, muy especialmente, de los más necesitados”. Indicó que prueba de ello es que en los últimos años se ha creado un fondo social de viviendas que ha beneficiado a más de 87.000 familias y que se han dado ayudas al alquiler a más de 100.000 personas y otras 70.000 ayudas para la adquisición de viviendas.

El ministro aseguró que de estas actuaciones darán cuenta a la ONU, pero no de otras, como que en España “hay personas que especulan con la vivienda pública” o que “hacen negocio con el alquiler turístico”, en referencia a casos en los que se han visto implicados miembros de Podemos, como el senador Ramón Espinar.

“FUERA DE LA LEGALIDAD”

En esta línea, el titular de Justicia dijo a Mayoral que ya que “tiene mano” en el Ayuntamiento de Madrid, puede decirle que dedique los contratos que ha dado a la empresa Kinema, que fundó este diputado de Podemos, “a vivienda social”, ya que así podría ayudarse a alguna “familia afectada”.

Por su parte, Mayoral emplazó al Ejecutivo a cumplir la recomendación de la ONU sobre vivienda y acusó al partido que lidera Mariano Rajoy de no asumir que el derecho a un lugar para vivir forma parte del “núcleo duro” de los derechos de una democracia.

Añadió que en este aspecto el PP se sitúa “fuera de la legalidad”, al permitir que haya en España numerosas viviendas vacías y permitir que inmuebles que eran de titularidad pública sean vendidos “a los fondos buitre”.