Garrido indicó que la primera mujer, de 34 años y con un hijo menor de edad, fue apuñalada por su pareja en el barrio de Salamanca el pasado 24 de agosto.

El procedimiento judicial de este caso es seguido en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid.

La segunda víctima, una mujer de 36 años con una hija menor de edad, fue apuñalada también por su pareja el pasado 3 de octubre en Majadahonda.

Su agresor fue detenido por un policía fuera de servicio. Este caso es seguido por el Juzgado Mixto nº 7 de Majadahonda.

Explicó que el consejero de Políticas Sociales y Familia, Carlos Izquierdo, previos informes favorables de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, ha dictado las órdenes por las que se encomienda a la Abogacía General el ejercicio de las acciones jurisdiccionales para personarse la Comunidad de Madrid como acusación popular en las diligencias previas de ambos procedimientos judiciales.

Además, informó de que con éstos ya son 20 casos en los que el Gobierno regional se persona este año como acusación popular en procedimientos judiciales relacionados con violencia de género.

Por otro lado, dijo que el Consejo de Gobierno autorizó hoy también la celebración del contrato para la gestión de un centro residencial para mujeres jóvenes víctimas de violencia y en riesgo de exclusión en la Comunidad de Madrid, por importe de 852.590 euros y un plazo de ejecución de dos años.

El objetivo de este centro residencial, que cuenta con una capacidad de 20 plazas, es ofrecer una atención integral a estas mujeres víctimas de violencia, desde los ámbitos psicológico, educativo, sociolaboral y jurídico, que favorezca la autonomía de las usuarias y su plena incorporación a la sociedad.

Este centro se encuentra integrado en la Red de Atención Integral para la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid, formada por 28 recursos residenciales y no residenciales.

Entre los residenciales figuran cinco centros de emergencia, cuatro de acogida, siete pisos tutelados, dos centros para víctimas de trata con fines de explotación sexual y mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución, cuatro centros para mujeres jóvenes víctimas de violencia y un centro para mujeres reclusas y ex reclusas.