A Soto y Zapata se les preguntó sobre la inminente aplicación de dicho artículo por el Consejo de Ministros cuando acudieron a votar en la consulta popular sobre la renovación de 11 plazas de distritos periféricos de Madrid.

Soto puso este ejemplo de consulta ciudadana como ejemplo de que “la única posible solución en democracia cuando hay diferencias es dialogar, y, cuando no se llega a un consenso en ese diálogo, votar”.

En esa línea, recomendó, presentándolo como posición común del Gobierno municipal, que “lo primero que se tiene que hacer antes de aplicar vías coercitivas es establecer un diálogo”, dado que “muchas veces la aplicación de otras medidas lo que hace es dificultar las soluciones”.

Por eso, en su opinión “lo único que puede beneficiar a Cataluña es que se paren las maquinarias y se establezca un diálogo”. Y, retomando las palabras de la propia alcaldesa, Manuela Carmena, hace semanas, apuntó que cuando unos gobernantes no saben dialogar, deben dimitir y permitir que otros ocupen su puesto.

Por su parte, Zapata suscribió que “cuando estamos en un conflicto democrático eso se tiene que resolver a través del diálogo”, y el que “existan mecanismos que impongan una determinada forma de ordenar la situación en Cataluña”, como la intervención de la autonomía por el Gobierno central que conlleva el artículo 155, “no quiere decir que la situación se resuelva”.

Es más, añadió, “cuando el problema esta totalmente metido en la vida social de la gente”, y el artículo 155 “no cuenta con consenso” entre los catalanes, esa disposición “puede tener validez legal, pero no contribuye a resolver el problema”. En suma, para él “los problemas políticos se resuelven dialogando entre los políticos o dando la oportunidad a la ciudadanía para que se exprese con todas las garantías”.