En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro respondía así al portavoz económico del PSOE, Pedro Saura, quien le preguntó por el coste que va a tener para los contribuyentes la venta del Banco Popular.

En concreto, Saura se refería al impacto que tendrá en la recaudación del Impuesto de Sociedades la resolución y venta de la entidad al Santander, y señaló que el Gobierno "miente" al decir que el coste será cero.

De Guindos explicó que la resolución del Popular “no ha tenido ningún tipo de ayuda pública o garantía”, para agregar que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) “no ha asumido ninguna garantía”, ni siquiera respecto a posibles litigios futuros.

Respecto al papel de los Activos Fiscales Diferidos (o defferred tax assets, DTA por sus siglas en inglés) del Impuesto de Sociedades, el ministro señaló que su objetivo es “aminorar” carga fiscal en ejercicios futuros o convertirlos en créditos exigibles frente a Hacienda cuando, por ejemplo, haya pérdidas contables.

En este sentido, subrayó que el Popular tenía el “mismo derecho” a utilizar los DTA “tanto antes como después de la resolución”. Además, apuntó que los DTA que este año se computan corresponden a pérdidas contables del Popular en 2016, por lo que “también se habría producido sin la venta del banco”.

También que, con algunas limitaciones, el Santander puede acumular tanto sus DTA como los del Popular. El ministro destacó, por otra parte, que los DTA proporcionan ingresos al Estado, ya que las empresas han de pagar una comisión para poder beneficiarse de ellos.

Por todo ello, De Guindos reiteró que “la operación de resolución y venta del Popular no tendrá coste” para el contribuyente.

Por el contrario, sin la resolución se hubiera ido a concurso de acreedores y los depósitos de menos de 100.00 euros estarían cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que habría supuesto unos 36.000 millones de euros.

Como el Fondo no cuenta con esos recursos, para pagar a los depositantes el Tesoro hubiera tenido que prestarle algo más de 30.000 millones y “eso sí habría tenido coste para el contribuyente y no lo que pasó”.