Marugán presentó este informe en su primera comparecencia como defensor interino ante la Comisión Mixta Congreso-Senado para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. Cálculos de las asociaciones de celiacos apuntan que la cesta de la compra de un celiaco, enfermedad que afecta al 1% de la población, se encarece en España en 1.040 euros anuales respecto a la de un no celiaco.

El Defensor del Pueblo plantea al Gobierno una deducción en la cuota diferencial del IRPF o un incremento del mínimo personal y familiar, para compensar las necesidades económicas asociadas a la enfermedad celiaca.

El Defensor también reclama políticas de apoyo a las empresas de hostelería y restauración para que ofrezcan menús adaptados a las necesidades de las personas con enfermedad celíaca o con otras alergias e intolerancias alimentarias.

También propone que se intensifiquen las campañas de control e inspección de las declaraciones obligatorias sobre la presencia de productos y sustancias alérgenas o que producen intolerancias alimentarias.

Fernández Marugán aseguró que así como se ha avanzado bastante en España en el etiquetado de alimentos sin gluten, las Administraciones “no se entusiasman” cuando se les piden ayudas fiscales para estos enfermos, “pero hay que seguir empujando, porque en algún momento llegaremos a tener éxito”.