Fuentes gubernamentales valoraron con estas palabras la elección de España para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde estará acompañada de otros países como Afganistán, Angola, Australia, Chile, República Democrática del Congo, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Eslovaquia, Perú, Ucrania, Senegal y Qatar.

El Ejecutivo de Rajoy considera que la inclusión de España en este importante órgano de Naciones Unidas es un varapalo para el independentismo, justo cuando la Generalitat intenta internacionalizar el conflicto para forzar una negociación con el Gobierno de España.

Además, la comunidad autónoma que dirige Carles Puigdemont lleva dos semanas acusando a España de violar los derechos humanos al requisar urnas durante el referéndum del pasado 1 de octubre, que previamente fue suspendido por el Tribunal Constitucional y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó impedir, y al actuar con la Policía Nacional y la Guardia Civil en los centros donde la gente acudía a votar aquel día.

España ya integró el Consejo de Derechos Humanos entre 2010 y 2013. El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación defiende que la nueva candidatura está avalada por el “liderazgo” de España en materia de derechos humanos.

“La activa defensa y promoción de los derechos humanos en el ámbito internacional es uno de los valores, activos y prioridades de la política exterior española”, sostiene.

España, según Exteriores, ha contraído obligaciones “muy amplias” en materia de derechos humanos, participa “activamente” en los trabajos del Consejo, impulsa iniciativas y apoya la labor de sus procedimientos especiales.

En el plano interno, España ha aprobado el ‘I Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos’ y el ‘II Plan Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad’.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es un organismo fundado en 2006, tiene su sede en Ginebra (Suiza) y tiene como objetivo velar por la promoción y protección de los derechos humanos en el mundo.

España ha esbozado las fortalezas de su candidatura en un documento titulado ‘Candidata al Consejo de Derechos Humanos. España 2018-2020’, en el que presenta su “voluntad firme” de contribuir a la defensa y promoción de los derechos humanos.

También destaca que ha contribuido al “funcionamiento efectivo” del organismo, que respalda la independencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y que ha realizado “aportaciones sustantivas” a la consolidación del marco normativo de los derechos humanos.

España también se presenta como un país activo en la promoción de los derechos humanos en el Consejo de Seguridad de la ONU y subraya que aquellos son “parte esencial” de la cooperación.

El documento concluye con los 10 propósitos que España persigue para el periodo 2018-2020. Entre ellos destaca el compromiso por mantener un “nivel elevado y constante de exigencia” en la defensa y promoción de los derechos humanos, una política informativa “generosa y transparente”, lograr la “efectiva igualdad de oportunidades y acabar con la discriminación” y trabajar activamente en favor de los derechos de las personas con discapacidad.

También se compromete a defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales, así como a impulsar los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

La promoción de la democracia y el Estado de Derecho; la lucha contra el racismo, la xenofobia y los delitos de odio; la mejora del funcionamiento efectivo del Consejo de Derechos Humanos; presentarse como un “país de encuentro” entre Norte y Sur y Oriente y Occidente, “plural, abierto y solidario”; y trabajar por “un mundo más justo, más solidario y más respetuoso” con los derechos humanos cierran estos propósitos.