El Cermi indicó en un comunicado que la Ley 26/2011, de 1 de agosto, procedió a equiparar a las personas con inteligencia límite, a efectos solo de su inclusión laboral, al grado mínimo de discapacidad, el 33%, con el que en España se considera que existe una situación reconocida oficialmente de discapacidad y que da acceso a disfrutar de las medidas de acción positiva previstas en general para las personas con discapacidad.

El Comité explica que las personas con capacidad intelectual límite no suelen alcanzar el 33% de grado de discapacidad con arreglo al baremo oficial vigente, "por lo que quedan al margen del marco de apoyos existente para las personas con discapacidad en el campo del empleo, lo que agrava su situación de exclusión laboral y social".

Por ello, considera que el Gobierno debería haber acometido este desarrollo mediante la aprobación de una norma reglamentaria que determinara exactamente a partir de qué grado de discapacidad reconocido oficialmente, siempre menor del general del 33%, operará la asimilación legal para que las personas con capacidad intelectual límite puedan acceder a los beneficios y apoyos para el empleo existentes para todas las personas con discapacidad.

"A pesar de las exigencias, planteamientos y recordatorios del Cermi, los Gobiernos del Partido Popular que se han sucedido desde 2011 han ignorado este mandato, provocando frustración entre las personas con inteligencia límite y sus familias", concluye el comunicado.