En ambos casos, el Ejecutivo español se ampara en la Ley de 1985 de Extradición Pasiva y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que establecen que “no se concede la extradición cuando la persona reclamada tenga reconocida la condición de refugiada”.

Yalçin tiene reconocida la condición de asilado por el Gobierno sueco, y ocurre lo mismo en el caso de Akhanli y el Gobierno de Alemania.

Akhanli es conocido por su denuncia del genocidio armenio y las autoridades de Ankara le acusan de “pertenencia a organización terrorista”.

Akhanli reside en Colonia desde 1995 y el pasado agosto fue arrestado cuando estaba de vacaciones en Granada tras la petición del Gobierno turco vía Interpol, pero el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu lo puso en libertad condicional. El Gobierno de Angela Merkel ha intercedido por él ante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y este viernes el Consejo de Ministros decidió paralizar el proceso de extradición.