Esta institución de personas con discapacidad se basa en un informe de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales titulado ‘De la institucionalización a la vida en comunidad’, por lo que afirmó que el “derecho a la vida independiente es más nominal que real en la mayor parte de los países de la Unión Europea, incluida España”.

“No solo no se avanza en el abandono de la institucionalización forzada o como único dispositivo de apoyo de vida para las personas con discapacidad, sino que se siguen creando y poniendo en servicio nuevos recursos de base o enfoque no comunitario, aislacionistas y segregadores”, apuntó el Cermi.

Y es que, a su juicio, la institucionalización “aísla, segrega y debilita como ciudadanos activos, presentes y participativos a las personas con discapacidad, condenándolas a posiciones periféricas en la vida social”, algo que radica –según su versión- en “violaciones de sus derechos fundamentales”.

Por último, el Cermi exigió a las administraciones “tomar conciencia de esta realidad” y elaborar tanto a escala nacional como autonómica y local “estrategias de desinstitucionalización y de tránsito activo a fórmulas de base inclusiva y comunitaria”.