CEAR enviará las firmas a los grupos parlamentarios del Congreso para solicitarles que reformen la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, que da cobertura legal a estas devoluciones sumarias, tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha condenado a España por la demanda de dos jóvenes procedentes de Malí y Costa de Marfil que fueron expulsados de Melilla por esta vía exprés en agosto de 2014.

"Esta sentencia sin precedentes es la última prueba de que estas prácticas conocidas como 'devoluciones en caliente' y habituales en la frontera sur española son claramente ilegales y vulneran el derecho humano a solicitar asilo", señala CEAR en un comunicado.

La comisión de apoyo al refugiado denuncia que, actualmente, muchas personas -especialmente subsaharianas- son expulsadas de forma colectiva de España sin recibir asistencia de un intérprete o de un abogado y sin tener la posibilidad efectiva de solicitar asilo.

"Además, las autoridades españolas se han inventado el concepto de 'frontera móvil' para justificar estas prácticas argumentando que las expulsiones son 'rechazos en frontera'", afirma CEAR.