AI lanzó esta petición coincidiendo con la decimoquinta celebración del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora este martes, y recordó que la Declaración de Estocolmo pidió en 1977 a todos los gobiernos que abolieran totalmente esa práctica.

En este sentido, subrayó que “cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable”, por lo que “el Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla”.

En el momento de la Declaración, sólo 16 países (ocho de América y ocho de Europa) habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. Ese número se eleva ahora a 105. Otros 36 países la han erradicado para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones y los responsables de la gran mayoría de ellas fueron China, Irán, Arabia Saudí, Iraq y Pakistán, según Amnistía Internacional, que pidió a los que mantienen aún la pena de muerte que procedan a abolirla y, hasta que lo hagan totalmente, establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones.

PENA DE MUERTE Y POBREZA

Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de esa práctica con la pobreza. Las investigaciones realizadas muestran que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte, según Amnistía Internacional.

La organización indicó que esas personas pueden tener enormes dificultades para contratar los servicios de abogados eficaces que las defiendan de los cargos penales, en tanto que la capacidad de desenvolverse en el sistema de justicia penal se ve afectada por el grado de alfabetización de las personas y por el hecho de que tengan o no redes sociales influyentes en las que apoyarse.

Recientes análisis que ha realizado Amnistía Internacional de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran “un preocupante patrón”, según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose “de manera desproporcionada” a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Sólo la revelación completa de todos los casos de ejecución judicial por parte de las autoridades chinas permitiría determinar de manera definitiva hasta qué punto es así.

En Arabia Saudí, un 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. “A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados. En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren”, añadió AI.

LLAMAMIENTO

Amnistía Internacional hizo un llamamiento en favor de Hoo Yew Wah, condenado a muerte en Malasia. Detenido en 2005, fue declarado culpable de tráfico de drogas. AI pidió a las autoridades malasias que le concedan el indulto conmutándole la condena de muerte.

Hoo Yew Wah, que es de un entorno socioeconómico desfavorecido, dejó la escuela para trabajar de cocinero en un restaurante callejero a los 11 años. Tenía 20 en el momento del delito, el primero que cometía y que no fue violento. Pidió clemencia al sultán del estado de Johor, que tenía atribuciones para concederle el indulto. “Si me dan una oportunidad, quiero probar que he cambiado. Quiero buscar un buen trabajo y pasar la vida cuidando de mi madre”, señaló en unas declaraciones recogidas por Amnistía Internacional.

Los delitos de tráfico de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” a los que ha de estar restringido el uso de la pena de muerte según el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la imposición de la pena de muerte a Hoo Yew Wah fue preceptiva, lo que también está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Fue declarado culpable sobre la base de una declaración que había hecho en mandarín –y que la policía tradujo luego al malayo– sin la presencia de un abogado. Hoo Yew afirma también que, tras su detención, cuando se hallaba recluido en la jefatura de policía de distrito de Johore, la policía le rompió un dedo y lo amenazó con golpear a su novia para hacerle firmar la declaración. Los jueces que vieron su causa desestimaron esta denuncia.

Amnistía Internacional pidió también a sus simpatizantes que emprendan acciones sobre otros casos de pena de muerte, entre ellos las últimas 14 personas condenadas a muerte que quedan en Benín, país que ha abolido la pena capital, y Ammar al-Baluchi, quien se enfrenta a juicio y a la pena de muerte ante una comisión militar estadounidense en Guantánamo y fue torturado bajo custodia.