Tras exponer que el lobo ibérico es una "subespecie endémica de la Península Ibérica cuya población ha ido disminuyendo hasta desaparecer de muchas regiones”, afirmó que “la constatación de la vuelta del lobo a la Comunidad de Madrid data de 2009 y se estima que en la región habitan entre 15 y 20 lobos, repartidos en dos o tres manadas”.

A su juicio, “la Comunidad de Madrid puede ser un territorio donde lobos y ganaderos pueden convivir, si la Administración madrileña subvenciona medidas como la compra de mastines, pastores eléctricos, etc”.

La iniciativa insta al Gobierno presidido por Cristina Cifuentes a “poner en marcha, a partir de 2018, una partida presupuestaria anual específica destinada a medidas de prevención del ataque del lobo a cabañas ganaderas de la Comunidad de Madrid, aparte de las ayudas por daños derivados de los ataques, que incluyan actividades vinculadas a la mejora de la seguridad del ganado, y en concreto: los vallados fijos o portátiles para el ganado; los pastores eléctricos; la contratación por cuenta ajena de pastores para la vigilancia de los rebaños; la adquisición de perros para el cuidado del ganado, sean de raza pura o cruzada, incluidos los gastos veterinarios iniciales y de inscripción en el registro de identificación”.

“Además, la Dirección General de Agricultura realizará mejoras en las infraestructuras ganaderas de uso común de las zonas loberas”, indica la iniciativa, en la que también se solicita que “todas estas inversiones y gastos puedan ser subvencionables al 100% (hasta un máximo por explotación y año)".

También señala que "de las ayudas se podrán beneficiar las personas físicas o jurídicas titulares de las explotaciones de ganado mayor y menor en régimen extensivo o semiextensivo ubicadas en los municipios con presencia de lobo que se definan en la correspondiente orden de convocatoria”.

El dirigente de Equo propone que estas ayudas se apliquen también a las zonas que, no estando ubicadas en esos municipios, puedan acreditar la utilización de pastos en alguno de ellos.

Asimismo, proponer que “la Dirección General de Agricultura establecerá además, para aquellos ganaderos y ganaderas que lleven a cabo actividades de autoprotección como las señaladas y hayan sufrido algún ataque en los dos años precedentes, una prima anual por cabeza de una cantidad determinada a definir, haciendo distinción entre las cabañas de ganado mayor y menor”. También establece que se agilice el pago de las indemnizaciones, asegurando un plazo máximo inferior a seis meses desde el ataque.

Además, se plantea realizar trabajos de concienciación y educación ambiental en las zonas donde está constatada la presencia del lobo y aquellas zonas susceptibles de recibir ejemplares en el futuro próximo.

Otra de las propuestas contenidas en esta iniciativa es la creación, desde la Dirección General de Agricultura, de un servicio de asesoría específica a disposición de ganaderos y ganaderas, con el objeto de informar sobre las nuevas medidas preventivas implementadas por la Comunidad de Madrid en zonas con presencia de lobo constatable y aquellas susceptibles de esto.

También sugiere la “inclusión del lobo ibérico en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres” y "la realización de un estudio científico para conocer la situación del lobo en la Comunidad de Madrid y la capacidad de los hábitats de la región adecuados para el mantenimiento de una población reproductora estable del lobo ibérico, dedicando los fondos suficientes para que pueda ser realizado por personal técnico y científico cualificado, y siempre que sea posible contando con el apoyo de expertos y entidades que ya han acumulado experiencia sobre el tema y que conocen bien el terreno".