La sentencia, hecha pública este martes, responsabiliza a España de haber vulnerado el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que prohíbe las “expulsiones colectivas de extranjeros”. También le culpa de no haber respetado a estas dos personas el derecho a un recurso efectivo.

N.D, de Mali, y N.T, de Costa Marfil, fueron esposados tras superar la valla de Melilla a Marruecos en 2014 y deportados a Marruecos “contra su voluntad” y “sin ninguna medida administrativa o judicial previa”.

La sentencia desoye las alegaciones del Ejecutivo español y le obliga a pagar una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los dos subsaharianos por daños morales.