La asociación de jueces se define comprometida con los valores constitucionales y los derechos humanos y rechaza cualquier actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que “no se ajuste, estrictamente, a los principios de proporcionalidad, profesionalidad y no discriminación, y en defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos”.

Lamenta “profundamente” que la jornada del domingo se convirtiera en “un día triste para la convivencia democrática y en paz y para el Estado de Derecho” y condena explícitamente las cargas policiales “indiscriminadas contra ciudadanos reunidos pacíficamente”.

Al mismo tiempo, JpD denuncia “el grave y torpe empecinamiento de los responsables de la Generalitat de Cataluña por continuar, incluso cuando hay heridos, con un referéndum declarado ilegal por los tribunales de justicia”, y advierte de que la convivencia democrática no se alcanza con un referéndum que “desborda el marco de la legalidad constitucional e internacional”.

La asociación exige al Gobierno del Estado que “oiga las reivindicaciones del pueblo de Cataluña y de sus instituciones, y que las integre, con generosidad y altura de miras, en nuestro marco común de convivencia”. A los dos ejecutivos, nacional y catalán, les corresponde “desde el día de mañana comenzar a dialogar y poner todo su empeño, en el marco de una sociedad democrática, para conseguir solventar el conflicto político planteado”.

A su juicio, la solución al conflicto “no corresponde a los tribunales de justicia” y recuerda la sentencia del Tribunal Constitucional 42/2014, de 25 de marzo, en la que se indica que la Carta Magna no es un texto "sacramental", se puede modificar para incluir una aspiración política, la del derecho a decidir, “susceptible de ser defendida en el marco de la Constitución". JpD acaba su comunicado expresando su apoyo y cercanía a todos los jueces que ejercen en Cataluña.