Hasta el momento se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido el pasado 7 junio y posteriormente vendido al Santander al precio de un euro. La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco. También la extinción y la pérdida total de valor de las acciones del banco en negociación en la bolsa.

Anticorrupción ha informado a favor de admitir las querellas presentadas por los afectados, aunque no ha aceptado la responsabilidad del Banco Central Europeo, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco Popular Portugués.

La intervención del Popular se justificó bajo el argumento de que la entidad ya no era viable, debido a un grave problema de liquidez asociado a la huida de depósitos que vivió en sus últimas semanas de vida. Pero este relato está siendo cuestionado por los accionistas que consideran irregular la liquidación.