La compañía presentó concurso de acreedores el pasado 18 de julio de 2017. En ese momento, acumulaba pérdidas de 23 millones entre 2011 y 2015 y tiene una deuda de cerca de 50 millones de euros.

El contrato para hacer el envío de las notificaciones a las personas llamadas a formar parte de las mesas electorales se realizó sin que la administradora concursal de la compañía lo supiera. Eulalia Folguera, en representación del despacho Jausas Legal y Tributario SLP, es esa administradora a la que el juez ha manifestado su malestar por la falta de control sobre este encargo y sobre el sistema a través del que se iba a cobrar el servicio.

La Guardia Civil efectuó un registro en las oficinas de Unipost en Tarrassa en el que se incautó más 30.000 cartas dirigidas los miembros de las mesas y abundante documentación relacionada con el censo del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. La Generalitat ya usó esta empresa para el buzoneo de la consulta del 9-N en 2014.

El consejero delegado, Pablo Raventós, fue citado el lunes a declarar sobre el asunto y aseguró desconocer si se estaba enviando material referente a la votación. La defensa de la empresa se escuda en el secreto de la correspondencia. Ninguna de las cartas que la Generalitat les pidió que repartieran entre el 20 y el 22 de septiembre estaban identificadas como información relativa al referéndum, lo que hubiera obligado a abrirlas para comprobar su contenido. Esa apertura sólo se podría haber hecho previa orden judicial.