Según explica en una nota de prensa, OCU, junto con otras Organizaciones de Consumidores hermanas en Portugal, Italia y Bélgica, ha enviado esta misma mañana a Ryanair una carta en la que advierte a la compañía de que, ante la masiva cancelación de vuelos en Europa a partir de octubre, debe cumplir el reglamento europeo.

En concreto, la carta exige a la compañía aérea que cumpla estrictamente con el artículo 5, que establece que los pasajeros tienen derecho a una compensación por parte de la compañía si no se cumplen una serie de requisitos, como que la aerolínea informe previamente de la cancelación al pasajero de forma fehaciente.

OCU recuerda que, además de este aviso, el usuario deberá tener en cuenta los plazos de cancelación. Si la cancelación se realiza para un viaje programado para dentro de dos semanas o más, la compañía está únicamente obligada a reembolsar el importe; y si se notificase al consumidor con una antelación de entre 14 y 7 días, Ryanair también deberá ofrecer una opción de transporte alternativo en un plazo que no suponga un retraso mayor de 4 horas.

Asimismo, si la notificación se produce con menos de 7 días, la compañía ha de proporcionar un transporte alternativo que les permita llegar a su destino final con menos de dos horas de retraso con respecto a la hora de llegada prevista.

En el caso de que la aerolínea no cumpliese con estas obligaciones, el usuario podrá reclamar una compensación a la compañía, que será de 250 euros si la distancia recorrida por el vuelo es de hasta 1.500 kilómetros; de 400 euros si se trata de un viaje intracomunitario de 1.500 o de hasta 3.500 a nivel global; y de 600 euros en el caso de trayectos de más de 3.500.

Por último, recuerda además que la normativa europea obliga a Ryanair a informar por escrito a los afectados por cancelaciones sobre cuáles son las normas en materia de compensación y asistencia, y los datos del organismo nacional que se ocupa de recibir las reclamaciones.

En este sentido, en caso de ser denegada o ignorada, OCU recomienda dirigir una reclamación a la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA), la entidad pública responsable del cumplimiento del reglamento.