El escrito comienza defendiendo que el recurso del PP contra la cesión de la sala no debería haberse admitido a trámite porque los grupos municipales no son personas jurídicas, y a continuación señala que el auto del juez José Yusty, del Tribunal Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, falla una cosa distinta de la pedida por el recurso, al suspender el acto cuando el PP reclamaba anular la cesión del espacio.

Sobre el fondo de la cuestión, el Ayuntamiento esgrime los derechos fundamentales de expresión, reunión y asociación, que no procede quebrantar si no es demostrando un riesgo de alteración de orden público, y recuerda que una sentencia del TC de 2014 estableció que se pueden defender ideas contrarias a la Constitución, porque no estamos en una "democracia militante", aunque el TC suspendiera cautelarmente el referéndum catalán. El que la petición del local por la asociación 'La Comuna' fuera anterior a la convocatoria del mismo permite colateralmente al Consistorio tachar de "juicio de intenciones" que los convocantes pretendieran defender un hecho inconstitucional.

En conclusión, el Ayuntamiento entiende que impedir el uso de un espacio de titularidad municipal para exponer ideas que podrían defenderse en cualquier otro lugar implica que "lo que sería legal 'en la calle' sería ilegal en un espacio municipal"; es decir, que "el pluralismo político y la libertad de opinión estarían más limitados en las instituciones y sus espacios que en la calle".