La Eurocámara informó hoy de que el Pleno de esta institución aprobó este miércoles el primer texto de este acta, que fue ratificado con 537 votos favorables, 12 en contra y 89 abstenciones.

Tras recibir este respaldo, los representantes del Parlamento podrán iniciar negociaciones con el Consejo, una vez que éste fije su posición sobre estas futuras directrices comunitarias sobre accesibilidad.

En este sentido, el Parlamento europeo destacó que en la UE viven alrededor de 80 millones de personas con algún tipo de discapacidad y, dado el ritmo de envejecimiento de la población, se calcula que en 2020 habrá alrededor de 120 millones de europeos con discapacidades múltiples o menores.

WEBS Y TELEVISORES

Por este motivo, el Acta que ha superado su primera fase de tramitación establece una serie de criterios para hacer más accesibles una serie de productos y servicios. La lista incluye cajeros automáticos, máquinas expendedoras de billetes y de facturación, ordenadores y sistemas operativos y teléfonos y televisores.

También se pretende eliminar barreras de servicios bancarios, libros electrónicos, comercio electrónico y transporte, incluido los servicios urbanos, como metro, ferrocarril, tranvía, trolebús y autobús.

Los eurodiputados han incorporado también en esta relación terminales de pago, dispositivos para libros electrónicos, páginas web y servicios audiovisuales para dispositivos móviles.

EXENTAS LAS “MICROEMPRESAS”

El texto enumerará los productos y servicios que deben hacerse accesibles, pero no impondrá soluciones técnicas detalladas, para permitir que se planteen opciones innovadoras.

Esta primera redacción del Acta excluye de cumplir estos requisitos a las “microempresas”, por las que se considera a aquellas que emplean a menos de diez personas y cuya facturación o su balance anual total no rebasa 2 millones de euros.

Al mismo tiempo, el proyecto también incluye salvaguardas para garantizar que las exigencias no generan una “carga desproporcionada” a los operadores, pero los eurodiputados advierten de que la falta de prioridad, de tiempo o de conocimientos no son razones legítimas para alegar que la carga es desproporcionada.