La reforma será tramitada en el Congreso de los Diputados una vez que, previsiblemente, supere el debate de totalidad, pero lo hará con la abstención del PP y gracias al respaldo del PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos.

Tras la exposición de los tres representantes de la Asamblea de Murcia, la portavoz del PSOE, María González Veracruz, subrayó la labor de su partido para erradicar la corrupción en la región, "pionera" en esta modificación que "antes o después estará en todos los parlamentos y también en el Congreso de los Diputados".

Aseguró que la mejor "cura" para la corrupción es la "ejemplaridad" de la que no ha hecho gala el PP ni en Murcia ni en el ámbito estatal, un partido cuyos dirigentes "no han entendido nada" y siguen "arrastrando los pies" en todo lo relacionado con la regeneración.

González Veracruz se dirigió al representante del PP de Murcia para comentar la "papeleta" que supone haber respaldado esa reforma en la región y que ahora el voto de ese partido en el Congreso de los Diputados sea diferente. Eso demuestra, sentenció, que quieren "mantener su cortijo por encima de todas las cosas", conscientes de que en Murcia y en España soplan "vientos de cambio".

Javier Sánchez, en nombre de Unidos Podemos, subrayó que las prácticas corruptas inciden en el descrédito de las instituciones y atentan contra los ciudadanos que confían en ellas.

Solo en Murcia, explicó, una región donde la mitad de sus habitantes no ha podido irse de vacaciones este verano y donde la cuarta parte de ellos vive con menos de 8.000 euros al año, la corrupción cuesta más de 800 euros por habitante al año, por lo que es "el mayor gesto de antipatriotismo y de traición" a los ciudadadanos y un "insulto a la democracia".

Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, se mostró convencido de que la supresión de los aforamientos en Murcia forma parte de "una corriente que pronto alcanzará también a los miembros de las Cortes Generales", por lo que pidió expresamente al PP, al PSOE y a Unidos Podemos que se sumen a una iniciativa "regeneradora" que permitirá que los miembros del Gobierno, los diputados y los senadores sean, en su caso, juzgados por los mismos jueces y tribunales que los demás ciudadanos.

Recordó que se trata de un compromiso incluido en el acuerdo entre Ciudadanos y el PP que permitió en su día la investidura de Pedro Antonio Sánchez, y la modificación del Estatuto de Autonomía fue una exigencia de su formación para, tras la investigación a Sánchez por el 'caso Auditorio', permitir con su abstención la investidura de Fernando López Miras.

"FOCO DE PRIVILEGIOS"

Se trata, sentenció, de una medida "clave" en la regeneración democrática, porque el abuso del aforamiento "ha corrompido" el sentido original de lo que era una prerrogativa para preservar el buen funcionamiento de las instituciones y se ha convertido en "foco de privilegios particulares".

En la España actual, con un Estado de Derecho consolidado, Ciudadanos no ve justificación para "desconfiar" de los tribunales de justicia y encargar a instancias superiores, supuestamente más cualificadas, los casos que afectan a los gobernantes y parlamentarios. Menos aún, alertó, cuando hay una relación a veces "obscenamente directa" entre esos jueces y magistrados de órganos superiores y los legisladores que los nombran y que se pueden ver juzgados por ellos.

Denunció, además, que la figura del aforamiento genera dificultades procesales cuando en una misma causa concurren personas aforadas y no aforadas, con dilaciones, entrecruzamiento de procedimientos y "peregrinajes", cuyo mayor ejemplo son los casos 'Gürtel' y los ERE de Andalucía. Cree, además, que el número de aforados en España es un "auténtico disparate" y "casa muy mal con los vientos de regeneración que, afortunadamente, han llegado a este país".

En nombre del PNV, Mikel Legarda expresó su opinión de que "no es el momento" de abordar esa figura, a pesar de lo cual no quieren ser "obstáculo" para lo que decida la Asamblea de Murcia dentro de sus competencias, en algo que "no atañe" al Congreso de los Diputados ni a lo que en su momento decida el País Vasco.

Jordi Xuclà, del PDECat, dejó claro también que su formación respeta las decisiones de la Asamblea de Murcia porque defienden el autogobierno y desean ese respeto mutuo para Cataluña, más allá de compartir o no el fondo de la decisión.

Precisó, en ese sentido, que el aforamiento "no sirve para que nadie se escape de ser juzgado" sino que es una "garantía" para preservar la composición de los parlamentos frente a posibles intentos de alteración por parte de otros intereses utilizando para ello el Poder Judicial.

Francisco Martín Bernabé, del PP, dejó claro que su partido es partidario de limitar y reducir los aforamientos, pero pidió abordar el debate "sin demagogias", con sosiego y reflexión, teniendo en cuenta además que el debate se ha "mediatizado en exceso y de forma torticera" como si se tratara de un "maná redentor que todo lo soluciona cuando evidentemente no es así".

Insistió en que los parlamentarios "no quedamos impunes de nada" por estar aforados, y debido a ello se ven privados del recurso en primera instancia. Denunció además la "pena del telediario" y denunció el "ejercicio vil y rastrero" que PSOE y Podemos hacen de la libertad de expresión desde la tribuna.

Subrayó además que en España hay más de 250.000 aforados, de los cuales la mayoría son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, unos 17.000 son integrantes del Poder Judicial y solo 2.000 son políticos.

Preguntó por ello a quienes defienden esa reforma si lo hacen para todos o solo para una parte, si para todos los delitos o solo para los relacionados con su labor pública, y si creen lógico que esa modificación se haga "troceada" por territorios y no mediante un amplio consenso.

Bernabé recordó que la reforma estatutaria de Canarias, tramitada recientemente en el Congreso de los Diputados, mantiene los aforamientos, y se preguntó si España será un "reino de taifas" con regulaciones diferentes en función del color político. En su opinión, tiene que ser objeto de un "gran pacto nacional" que implique la modificación de la Constitución y de todas las leyes orgánicas que regulan aforamientos, entre ellas varios estatutos de autonomía.

Bernabé anunció la abstención del PP en la votación y, en caso de prosperar la iniciativa, pidió que se tramite en la subcomisión para la reforma de la Justicia.