En la presentación de su informe anual sobre 'El Libro Educativo en España', Mollano advirtió que, "lejos de lograr una mayor uniformidad en los contenidos, la Lomce generó el efecto contrario".

"Existen diferencias muy importantes en el tratamiento de una asignatura según la comunidad autónoma y esto tiene lógicas consecuencias en la calidad y en el precio de los libros", añadió.

Según Mollano, aunque pretendía estandarizar contenidos, lo cierto es que con la Lomce "hay más diversidad curricular y fragmentación que nunca". "En este país no sirve un mismo libro de Matemáticas para todos y esto es una barbaridad", insistió.

A su juicio, esto se debe a que la nueva ley permite a las autonomías alterar los currículos en una proporción mayor a lo que dejaban las legislaciones anteriores. Hay más libertad a la hora de determinar la carga horaria de ciertas materias, "y no es lo mismo preparar un manual para 800 horas que para 1.200".

Además, apuntó que la ley anterior fijaba el 65% o el 55% del temario (en función de si la Comunidad tenía o no lengua cooficial), mientras que la Lomce solo se ocupa del 50%, y a ello hay que añadir la voluntad de ciertas autonomías de "retrasar su implantación y de subvertir su espíritu".

Tras la aprobación de la Lomce, el Ministerio dio a luz dos reales decretos que fijaban los currículos de Primaria, ESO y Bachillerato, que después las comunidades desarrollaron mediante decretos u órdenes.

Es en este punto donde cada región puede introducir cambios, añadir temas o modificaciones, e incluso establecer variaciones en cuanto al momento en que se imparten ciertos contenidos. Si la programación general propone que un asunto se estudia a lo largo de Primaria, cada Consejería puede decidir en qué curso comienza su estudio y en qué otros se profundiza, explicó, a lo que hay que añadir la existencia de lenguas cooficiales y de modelos bilingües en mayor o menor grado.

Junto a la diversidad curricular, otros aspectos que influyen en la heterogeneidad de los manuales tienen que ver con los variantes sistemas de ayudas públicas y con el incumplimiento del plazo de cuatro años fijado para la renovación de libros.

"Los editores estamos de acuerdo con este plazo, que evita el despilfarro y la obsolescencia", dijo Mollano, pero "debido a la crisis, ha habido comunidades que lo han retrasado hasta 9 años, con gran incertidumbre para centros y familias".

"UN DISPARATE"

El director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España, Antonio Ávila, criticó también "el disparatado exceso legislativo que afecta al sector", pues los gobiernos central y autonómicos "aprueban una norma tras otra, muchas veces sin derogar la anterior".

"Estas normas son muchas veces contradictorias entre sí, están mal hechas y, lamentablemente, obedecen a motivos políticos o económicos, nunca a criterios pedagógicos", criticó.

Como ejemplo puso los distintos modelos de ayudas públicas, que salvo en Andalucía cambian sin cesar en función de la disponibilidad presupuestaria. "Lejos de lo que se cree, a la industria no le interesan los cambios continuos, sino un modelo que dé certidumbre y nos permita planificar".

Por este motivo, Mollano y Ávila instaron a los partidos a alcanzar el Pacto de Estado Social y Político por la Educación en el que trabajan desde la pasada legislatura. "Necesitamos una nueva ley que de estabilidad al sistema, en la que todos cedan algo y nos permita avanzar".