La plataforma exige en un comunicado la desautorización oficial por parte de la Policía y de la Delegación del Gobierno en Navarra de estos comentarios “que suponen un ataque inaceptable a la libertad de información por parte de este colectivo de agentes”.

Este sindicato policial dedicó varios mensajes en Twitter a increpar personalmente a Fallarás por valorar en el programa de actualidad política ‘Las Mañanas de Cuatro’ uno de los temas noticiosos del día que se debatían en el espacio: la aparición de una pintada fascista en un monumento de la sierra navarra de Urbasa a fusilados republicanos.

Aunque el hecho fue comentado por varios de los analistas del espacio, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Navarra censuró expresamente la opinión de la periodista por criticar este hecho, acusándola de callar “ante ETA”.

Según la PDLI, como era previsible, este señalamiento personal relacionado con una acusación tan seria, fue la provocación de una oleada de mensajes contra la periodista.

“Tal y como suponía, y como avisé desde el principio a estos funcionarios de la Policía, el hecho de que ellos me señalaran ponía en marcha una campaña de insultos y amenazas, algo que por supuesto estos policías no ignoran, de lo que cabría deducir que era su intención”, explica Fallarás en un artículo titulado ‘Muy preocupada tras recibir este ataque policial’.

Según la plataforma, el acoso del sindicato policial contra Fallarás no se limitó a estas acusaciones difamatorias: también la increparon por un trabajo periodístico sobre las ‘devoluciones en caliente’ en Melilla.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que ha trasmitido su apoyo y solidaridad a Cristina Fallarás, considera inaceptable que un colectivo policial pueda acosar y atacar a periodistas por su labor informativa, o por sus opiniones, y exige una desautorización inmediata por parte de las autoridades de Interior.

La PDLI dice en el comunicado que va a dar traslado de estos hechos a los Grupos Parlamentarios para instarles, de nuevo, a que pidan explicaciones.

Ya el pasado mes de junio, la PDLI exigía al ministro del Interior que cesasen las amenazas policiales a periodistas.

La presidenta de la plataforma, Virginia Pérez Alonso, se dirigió entonces a Juan Ignacio Zoido para transmitirle su “más firme queja ante repetidas actuaciones policiales contra el ejercicio de la libertad de información y ante las trabas a la labor de periodistas en el ejercicio de su función”.