Según informó la ARMH, las autoridades franquistas cometieron “114.226 veces el peor delito que se puede llevar a cabo contra un ser humano: la desaparición forzada”.

Explicaron que la desaparición forzada es un “crimen múltiple con el que primero se detiene ilegalmente a una persona, se le asesina y después se esconde su cadáver para negarle el derecho a una sepultura digna e incrementar el dolor y el terror que padecerán su familia y su entorno social”.

El colectivo puso de manifiesto que España es el país de la UE que lidera el número de desapariciones forzadas e involuntarias, al tiempo que encabeza “la falta de compromiso con los derechos humanos y el ejercicio de una gran inhumanidad por parte de un Estado que puede poner remedio a esa situación y no lo hace, con lo que se sigue torturando a los familiares que no han podido elaborar correctamente algo tan necesario como un duelo”.

A pesar de que España ha ratificado numerosos acuerdos internacionales en los que se compromete a garantizar “verdad, justicia y reparación” para las víctimas de la dictadura, la ARMH denunció que los incumplimientos del Gobierno son “incontables y atroces”, cuando se trata de “dejar morir a los hijos e hijas de esos desaparecidos sin atenderlos, cuidarlos y tratarlos como si fueran un estorbo para la democracia”.

“No se puede llamar reconciliación a la decisión de abandonar los cadáveres de más de 100.000 personas asesinadas por los franquistas en las cunetas de España”, según el colectivo.

Al mismo tiempo, reprochó al Gobierno que repita continuamente ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU que los problemas de la dictadura fueron resueltos durante la Transición.

A su juicio, esta posición no es más que un “acto de reprochable negacionismo” del Gobierno con el que parece que pretende demostrar que las personas desaparecidas no existen y que deja a un lado “el sufrimiento, la angustia y los derechos de sus familias”.