En declaraciones a Servimedia, su presidente, Celso Rodríguez Padrón, denunció que esta eventual ley “de forma consciente y sin el menor disimulo confronta directamente con la Constitución”, y por tanto “nadie puede pretender que reúna el respeto necesario en cuanto al proceso de elaboración democrática de las normas en lo que es un Estado de Derecho”, y “un Estado que no sea de derecho, que no se rija por un orden jurídico uniforme, caben muchas cosas” y “conduce a una absoluta anarquía”.

“Cuando ya existe una Constitución, cualquier otra ley ocupa una posición inferior en el ordenamiento”, constató. “No hay más ley suprema que la Constitución y ésta es única”. Por tanto, apuntaló, “es una violación tan palmaria de los mecanismos propios del Estado de Derecho que sólo desde el delirio se puede considerar una ley suprema” .

El portavoz de la APM no quiso ponerse en el lugar del Gobierno y decirle cómo combatir esta ley inconstitucional, puesto que “sabe perfectamente lo que tiene que hacer”, aunque imagina que lo primero que hará será recurrirla ante el TC. Ahora bien, para ejecutar su previsible suspensión, barrunta que “habría actos que escaparán al orden judicial” y serán actos administrativos, que concluirán en la inhabilitación de los promotores políticos de la iniciativa.