La diputada del PSOE Adriana Lastra defendió la iniciativa, que incluía la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y criticó al Gobierno por construir un relato de demonización de los trabajadores de Eulen que ignora su supuesta explotación, que le parece consecuencia de la reforma laboral que impulsó el PP.

La diputada socialista rechazó el laudo del Gobierno para negar la negociación colectiva en el Prat y apostó por dejar de dar las licitaciones a las ofertas más bajas e incluir como criterio de concesión cláusulas sociales, y, en general, por derogar la reforma laboral y tener una Aena que responda al interés general y no de sus accionistas privados.

Lastra reclamó el cese del presidente de Aena, José Manuel Vargas, que ya ha defendido mayor privatización y que el del Prat no sea el primero de otros conflictos similares en otros aeropuertos, y la comparecencia de ambos ministros.

DAÑO A LA IMAGEN

El del PdeCat Carles Campuzano lamentó que el conflicto de Eulen produjo una pésima imagen de Cataluña y España e incidió en que Eulen opera en apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado, responsables de mantenerla en el aeropuerto. Acusó al Gobierno y a Aena de no asumir responsabilidades en el conflicto hasta que la Generalitat no empezó a protestar, y, como Lastra, puso el acento en la contratación pública basada en la oferta más barata, gracias a la que Eulen se impuso a Proseguir en el concurso. Como enfoque particular, señaló los problemas de la gestión centralizada de los aeropuertos desde Madrid, incapaz de conocer los problemas de El Prat, de lo que hizo corresponsables al PP y al PSOE.

Desde ERC, Joan Tardà comparó esa planificación centralizada con la de la Unión Soviética y retomó las críticas al favorecimiento de los intereses privados, y apostó por una competencia libre entre los aeropuertos españoles Y, desde el PNV, Aitor Esteban avanzó su voto a favor de la comparecencia de De la Serna pero no la de Báñez, cosa que compartió Francisco de la Torre en nombre de Ciudadanos por la necesidad de impedir que se repitan conflictos laborales de esta índole en los próximos meses.

Xavier Domènech, de Unidos Podemos, quiso reconocer que los trabajadores pospusieran sus intereses laborales para ayudar tras los atentados yihadistas, y coincidió con el PSOE en que la precarización y la reforma laboral tiene mucho que ver en el conflicto y con los partidos independentistas en que la gestión de los aeropuertos se debe descentralizar. Se enfrentó al PdeCat, en cambio, en que la solución no era aplicar un laudo ni hacer intervenir a la Guardia Civil.

EL PP RECUERDA A LOS CONTROLADORES

El diputado del PP Miguel Barrachina no tuvo problema en sumarse a las solicitud de comparecencia, toda vez que el propio De la Serna ya ha pedido, y rechazó que se culpara a la reforma laboral, puesto que la externalización del servicio de seguridad ya se hizo en 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.

También de aquel tiempo recordó que se envió a controladores militares para saldar el conflicto de 2010 y se les amenazó con cárcel, y que la privatización del 49% de Aena se hizo en 2011, con perspectivas de hacerla del 100% que no aplicó el PP (el diputado socialista Rafael Simancas aseguró en el punto siguiente que nunca hubo tal intención de privatización total). Así rechazó las críticas del PSOE al laudo y el nombramiento de un árbitro que decidió el Gobierno actual, así como a la utilización de la Guardia Civil.