La directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, Magdalena Mughrabi, indicó en un comunicado que, "al seguir adelante con esta ejecución en contra de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y pese a la enorme oposición pública e internacional, las autoridades iraníes han demostrado cruelmente su total desprecio por los derechos de la infancia".

"Este vergonzoso acto marca un punto de inflexión crítico para Irán y pone de manifiesto la falsedad de las afirmaciones de las autoridades cuando aseguran contar con un auténtico sistema de justicia de menores”, afirmó.

Mughrabi indicó que Tajiki es la cuarta persona ejecutada en Irán este año al ser menor de edad en el momento de la detención. “Su ejecución, llevada a cabo pese a sus denuncias de que lo habían torturado para obligarlo a ‘confesar’, consolida un espantoso patrón con el que Irán ha enviado reiteradamente al patíbulo, a menudo tras juicios flagrantemente injustos, a personas que fueron detenidas cuando eran niñas”, apuntó.

Subrayó que esa ejecución es “una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Irán en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que ratificó hace dos decenios”. “Al ejecutar a Alireza Tajiki, las autoridades iraníes han demostrado su atroz disposición a continuar con esta abominable práctica, y han demostrado que ni siquiera tienen intención de aplicar tibias reformas para salvar la vida de las personas que fueron condenadas cuando eran niñas”, agregó.

Alireza Tajiki tenía 15 años en el momento de su detención y 16 cuando fue declarado culpable y condenado a muerte. Ayer miércoles fue trasladado a régimen de aislamiento en la prisión de Adel Abad. A su familia le dijeron que fuera a la prisión para hacerle su última visita y, según Amnistía Internacional, las autoridades no informaron a sus representantes legales, en contra de lo establecido por la propia legislación iraní, que dispone que debe informarse a los abogados de la ejecución prevista de sus clientes al menos 48 horas antes.

DETENIDO EN 2012

Alireza Tajiki, que tenía 21 años, fue condenado a muerte en abril de 2013 tras haber sido condenado por asesinato y ‘lavat-e be onf’ (penetración anal forzada entre varones) por un tribunal penal de la provincia de Fars. Amnistía Internacional afirmó que el juicio fue “flagrantemente injusto” y se basó principalmente en unas “confesiones” que, según Tajiki, fueron extraídas mediante tortura, con prácticas como palizas, flagelación y suspensión por los brazos y los pies.

Tanto el tribunal de primera instancia de la provincia de Fars como el Tribunal Supremo se basaron en opiniones forenses presentadas por la acusación que manifestaban que Alireza Tajiki era “maduro” a los 15 años de edad y, por tanto, podía ser condenado a la pena de muerte.

En una respuesta posterior dirigida en octubre de 2016 a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los representantes de Irán reiteraron su postura de que Tajiki “tenía un gran intelecto y un amplio conocimiento de la ilegalidad de los actos cometidos y su castigo” en el momento del delito cuando tenía 15 años, por lo que podía ser castigado con la pena de muerte.

Alireza Tajiki fue detenido por primera vez en mayo de 2012 y estuvo recluido en régimen de aislamiento durante 15 días, sin acceso a su familia. Se le negó el acceso a un abogado durante todo el proceso de investigación. Aseguró, según Amnistía Internacional, que durante ese periodo fue sometido a tortura y otros malos tratos para obligarlo a ‘confesar’ el delito. Posteriormente, se retractó de sus ‘confesiones’ tanto ante las autoridades fiscales como durante el juicio y desde entonces había mantenido su inocencia.

Amnistía Internacional recalcó que Irán es uno de los pocos países que ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y señaló que, pese a las reformas fragmentarias introducidas en 2013 para evitar las críticas a su historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, las autoridades iraníes han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, lo cual es un incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.