Violencia género. El Senado pide que las víctimas puedan utilizar su primer testimonio grabado
- Reclama una ley contra la violencia sexual
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La ponencia de estudio para elaborar un pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobada en el Senado propone que las declaraciones de las víctimas en el juicio oral puedan ser sustituidas por grabaciones en vídeo de su testimonio durante la fase de investigación, a fin de evitar "una segunda victimización y la impunidad de los agresores".
El informe del Senado se diferencia en este punto del acuerdo que ayer alcanzó la subcomisión del Congreso, donde los grupos no consiguieron consensuar una posición común sobre la reforma del artículo 416 de la ley de Enjuiciamiento Criminal (referente al derecho de la víctima a no declarar contra su agresor).
Según explicaron a Servimedia fuentes del Senado, "muchas víctimas, debido a la situación tan difícil que atraviesan, se acogen a su derecho a no declarar y retiran la denuncia", con lo que el caso es sobreseído y el agresor queda impune.
Así lo aseguraron la mayoría de las representantes de asociaciones de mujeres y expertas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía que comparecieron para la elaboración de esta ponencia, quienes recomendaron revisar este derecho de dispensa.
Con todo, el texto propone crear una comisión de expertos para analizar si pese a la admisión de estas grabaciones como prueba preconstituida sería necesario reformar el citado artículo, en el sentido de limitar o no el derecho de dispensa de la víctima y de no ir contra ellas por falso testimonio u obstrucción a la justicia (en los supuesto de que cambien su declaración o de que se nieguen a comparecer).
LEY CONTRA LAS VIOLACIONES
Por otra parte, el informe exige un plan de acción para visibilizar la violencia sexual, también la que sufren menores, y apuesta por una macroencuesta que permita la recogida de datos fiables.
Apunta que "todavía queda mucha violencia sexual oculta que es preciso sacar a la luz", y pone como ejemplos sucesos tan "lamentables" como los ocurridos en las fiestas de San Fermín.
En la línea de ampliar el concepto de víctima de violencia de género, propone también una 'ley de violencias sexuales' y otra contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
El texto sugiere, asimismo, interumpir el régimen de visitas de menores a padres acusados de malos tratos mientras dure el proceso y se dicte sentencia; denegarles la custodia compartida (o retirársela si ya la habían conseguido); considerar a las madres de niños asesinados por su progenitor como víctimas de la violencia de género, y conceder prioridad en el acceso a vivienda protegida a las personas que se encarguen de la tutela o del acogimiento de los menores que se hayan quedado huérfanos debido a este delito.
En cuanto a la dotación económica, el acuerdo del Senado establece los mismos 1.000 millones de euros en cinco años que la subcomisión del Congreso. Ambos informes serán aprobados el viernes en las respectivas comeisiones de Igualdad.
De dichos fondos, 100 millones corresponderán a los ayuntamientos, 500 a las Comunidades Autónomas y 400 millones serán responsabilidad del Estado.
JUGUETES IGUALITARIOS
Asimismo, el informe recomienda fomentar el juego y los juguetes igualitarios mediante campañas y recomendaciones directas a empresas y ampliar las sanciones administrativas a los clubs que permitan apología de la violencia de género en los acontecimientos deportivos y propone elaborar materiales educativos para profesores y alumnos sobreeducación afectivo-sexual, resolución pacífica de conflictos, roles de género, trastornos en la alimentación, los mitos del amor romántico, el control y las redes, el cuerpo y la importancia
del consentimiento y el respeto a la diversidad y a las personas LGTBI.
Además, insta a estudiar la posibilidad de que la confesión del asesinato no sea motivo de atenuante en los casos de violencia de género, a fin de evitar la rebaja automática de las penas, y defiende tipicar como delitos penales la suplantación de la identidad en las redes sociales.
También recomienda prohibir a los agresores el uso de Internet y de las nuevas tecnologías como medida de alejamiento.
Por último, el texto del Senado coincide con el del Congreso en exigir que las víctimas tengan acceso a apoyo y recursos sin necesidad de presentar denuncia, pudiendo ser acreditada su condición por los servicios sociales o sanitarios.
Para vigilar el cumplimiento del pacto, plantea crear una Comisión Mixta parlamentaria de seguimiento Congreso-Senado.
(SERVIMEDIA)
25 Jul 2017
AGQ/man