En concreto, la querella se dirigía a José Manuel Vargas, actual presidente de Aena; Juan Ignacio Lema, presidente hasta 2012; Amparo Brea y José Manuel Hess, encargados de las áreas de Infraestructuras y Planificación del grupo, respectivamente.

La causa de la querella era por la “supuesta comisión de los delitos de desobediencia y contra el medio ambiente”. Tras analizar los hechos, el juez explica en su auto que “no aparece síntoma ni de comisión de delito contra el Medio Ambiente, ni de delito de desobediencia”.

Así, apunta que “sin perjuicio de que hayan pasado nueve años desde que el Tribunal Supremo determinó que se había producido un acto de lesividad, no se ha cejado en buscar la manera de llevar a cabo la reparación del daño”.

Por ello, agrega, “no es posible afirmar que el transcurso del tiempo haya contribuido a la comisión de delito alguno”, pues la “forma de ejecutar la sentencia es difícil e incluso imposible”.

En la sentencia del Supremo se pedía a Aena reducir el ruido emitido en Ciudad Santo Domingo, por los aviones que operan en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

Este auto puede ser recurrido en reforma (ante el propio órgano judicial que lo ha dictado) y también en apelación (ante la Audiencia Provincial de Madrid).