La Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal contemplan la extinción, tanto de la acción como de la responsabilidad penal en caso de fallecimiento del investigado o condenado en sentencia penal. La responsabilidad civil, sin embargo, se transmite a sus herederos, tal y como señala el artículo 116 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

Blesa, hallado muerto este miércoles con un disparo en el pecho, fue condenado el pasado 23 de febrero por la Audiencia Nacional en el caso de las `tarjetas black´ a seis años de prisión, una multa de 109.000 euros y la responsabilidad solidaria de asumir de manera conjunta junto al resto de los condenados del dinero gastado con las tarjetas bajo su mandato como presidente de Caja Madrid, que ascendió a 9,34 millones de euros.

La condena está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, pero con la muerte del expresidente de la caja madrileña el recurso decae automáticamente y la sentencia de las `tarjetas black´ se transforma en firme.

Blesa tenía aún pendientes dos causas: la de los sobresueldos en Caja Madrid y la que se instruye por un presunto delito de estafa en la comercialización de preferentes. En ambas, la responsabilidad penal se ha extinguido con la muerte del imputado, pero sus herederos podrían tener que hacer frente a las indemnizaciones que se puedan fijar en los juicios.

Los posibles perjudicados, miles en el caso de las preferentes, podrían ejercer la acción civil “contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido”.

La única manera que tienen los herederos del expresidente de Caja Madrid para eludir el pago de las citadas indemnizaciones es la de renunciar a la herencia. Fuentes jurídicas consultadas indicaron que más difícil es el cobro de indemnizaciones por los casos pendientes de juicio y sin sentencia.

La causa de las preferentes es una pieza separada del 'caso Bankia' por la que se investiga la comercialización a partir del año 2009 de 3.000 millones de euros que los empleados de la entidad colocaron a los clientes valiéndose de su relación de confianza y sin advertir de que se trataba de un producto complejo y muy volátil, que acabó con los ahorros de miles de depositantes.

En el caso de los sobresueldos de Caja Madrid, la Fiscalía Anticorrupción pedía cuatro años de prisión para Blesa y el pago de una indemnización de 8,57 millones de euros a Bankia, como entidad sucesora de la caja. La Comisión de Retribución de la caja acordó en junio de 2008 una subida del 4,5 por ciento del sueldo de los diez miembros que integraban el Consejo de Dirección de la caja en esa fecha, estipulando la masa salarial global en 8,3 millones de euros, lo que supuso el pago de 2,04 millones de euros a los directivos de manera indebida.