Gordó declarará en el TSJ como diputado no adscrito del Parlamento catalán. Su imputación fue la causa de su salida del PDeCAT y del grupo parlamentario Junts pel Sí, pese a lo cual conserva su escaño.

El pasado mes de junio, la Sala Civil y Penal del TSJC consideró, en base a la exposición razonada enviada por el juez de El Vendrell, que había suficientes indicios para investigar a Gordó. La Fiscalía considera a Gordó como "el conseguidor" del 3%, mientras que, según los magistrados, Gordó habría requerido "cuantiosas donaciones" a las constructoras interesadas en obtener obras públicas de la Generalitat.

Se investiga su actividad entre los años 2011 a 2013, cuando fue secretario del Govern y conseller de Justicia, además de miembro del Consejo de Administración de la empresa adjudicataria de obra pública de la Generalitat, Infraestructures.cat. En concreto se estudian cinco contratos, entre los que se encuentran el de refuerzo del dique este del Puerto de Barcelona, adjudicado en 2012 por 39,6 millones a una UTE formada por Copisa, Comsa, Acsa y Benitó Arnó, o el mantenimiento de los colegios del Consorcio de Educación de Barcelona, que ganó Copisa por 4,7 millones.

Según el auto, Gordó "negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones" con el entonces consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, y a cambio la constructora dio 100.000 euros a las fundaciones de CDC.

La constructora Pasquina habría donado "al menos" 147.000 euros a cambio de un contrato de 2,1 millones en obras de mejora de la carretera C-55 y otro de 7,2 millones de trabajos de mejora de las carreteras de alrededor de Berga. Gordó habría obtenido también "diversos regalos personales" de la empresa Oproler tras mediar con uno de sus directivos, Josep Manel Bassols, para que la constructora ganara un contrato de 2,6 millones para unas obras en un instituto de Manresa.