En rueda de prensa, Garrido señaló que el Gobierno “está avanzando” en el texto y que va a ir “más allá” de la transposición de la directiva europea para “otorgar más protección a los ciudadanos”.

En esta línea, la secretaria de Estado subrayó que la reforma buscará “proteger y mantener la cultura de pago y la seguridad del sistema hipotecario para conseguir el objetivo de protección al consumidor”.

Según ha avanzado el Ejecutivo en los últimos meses, en el marco de la reforma de la ley hipotecaria se va a impulsar un contrato de hipoteca “estándar, simple, fácil de comprender y que no genere dudas o interpretaciones”. El objetivo es contar con un modelo de contrato hipotecario que, si las partes lo consideran oportuno, se pueda utilizar de forma generalizada.

Además, se van a adoptar medidas, recogidas en la directiva europea, para limitar la compensación que puede cobrar una entidad de crédito por realizar amortizaciones anticipadas de los préstamos hipotecarios, regular el derecho a convertir a moneda nacional los préstamos en moneda extranjera, la prohibición de realizar ventas vinculadas o poner coto a la retribución de los prestamistas e intermediarios.