En este presunto delito electoral por falseamiento de cuentas estarían implicados el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, así como Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda Ramos, Cristina Sánchez Vidal e, incluso, el ex gerente del PP Luis Bárcenas, según se desprende del auto de inhibición con el que Pedreira remite todas estos indicios para su investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En base a los informes emitidos por la Agencia Tributaria y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez de Madrid desgrana en su auto el “modus operandi” de esta presunta financiación ilegal que, a grandes rasgos, consistía en que varias empresas pagaban en una cuenta “B” distintas cantidades a Orange Market, la filial en Valencia de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, por “servicios inexistentes”, unos pagos que en realidad correspondían a los gastos de la campaña electoral del PP de Camps.

El PPCV, a su vez, pagaba a Orange Market por los servicios prestados durante las elecciones locales y autonómicas que tuvieron lugar el 27 de mayo de 2007 “de forma opaca y en efectivo” y “sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria”, según el auto de Pedreira. El único objetivo de este procedimiento era, por lo tanto, el de “encubrir donaciones de empresas al PPCV”.

El escrito también apunta a un posible delito electoral cometido en los últimos comicios generales, celebrados el 9 de marzo de 2008. Los pagos intervenidos en relación con esta campaña se encuentran pendientes de informe por parte de la Agencia Tributaria.

CUENTA “BARCELONA”

Entre otras pruebas de estas irregularidades, Pedreira tenía en su poder unos archivos informáticos encontrados en la sede de Orange Market que reflejan una doble contabilidad en la facturación por los servicios prestados al PP valenciano.

Esta contabilidad, que contiene “un detallado seguimiento del importe, coste y pago de los servicios prestados por esa sociedad al PPCV durante la campaña electoral de 2007”, refleja la existencia de una caja legal, denominada “Alicante”, y en la que se recogen las partidas que se declaraban a Hacienda, y otra oculta, denominada “Barcelona”, con el dinero que presuntamente se defraudaba.

La caja “Alicante”, recoge el pago a Orange Market por parte de varias empresas como Facsa (150.000 euros), Pavimentos Suroeste (40.600 euros), Grupo Vallalba (21.460 euros), Constructora Hormigones Martínez (138.460 euros) o Piaf (26.912 euros). En total, estas empresas habrían abonado al menos 345.200 euros. El encargado de entregar a estas empresas el importe de lo facturado era una persona apodada “el cantante”, cuya identidad se desconoce en la actualidad.

En la caja “Barcelona” aparecen pagos por importe de 2.565.891 euros aunque “no se han encontrado las factura físicas que podrían sustentarlos documentalmente”. En esta contabilidad aparecen conceptos como “campaña 2007” o “el príncipe”, figurando como entidad que efectúa la entrega “PPCV”.

“Estos pagos no habrían sido reflejados en las cuentas formuladas por el PPCV, como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles, y no por el verdadero deudor, el PPCV”, señala el auto.

Las irregularidades también se habrían cometido en 2008. En ese año, se detectaron pagos opacos a Orange Market –que estarían destinados a cubrir la deuda del PPCV- por parte de empresas como Facsa (231.668 euros), Enrique Ortiz e hijos (184.100 euros), Piaf (3.793 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (50.000 euros) o el Grupo Sedesa (130.00 euros).

BÁRCENAS, IMPLICADO

En este delito electoral estarían implicados el ex gerente popular Luis Bárcenas, como administrador principal del PP en las elecciones locales de 2007, y Cristina Ibáñez, como administradora principal en los comicios autonómicos.

También estarían implicados el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el responsable de Organización, David Serra, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y la tesorera del PP valenciano, Yolanda Ramos.

El auto se indica que Costa y Rambla fueron los gestores del pago de la totalidad de la deuda del PPCV con Orange Market mientras que Serra aparece como la persona que entregó 12.000 euros en pago de la deuda de la cuenta “Barcelona” de la empresa de la trama de corrupción.

Habrían participado también en el presunto delito electoral el director general de Orange Market, Álvaro Pérez, conocido como “El bigotes”; el contable de esta empresa, Cándido Herrero; el presunto líder de la trama de corrupción, Francisco Correa; su número dos y ex secretario general del PP, Pablo Crespo; y su contable, José Luis Izquierdo.

Por último, el escrito de Pedreira señala a los gestores de las mercantiles Facsa, Pavimentos Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf como colaboradores del delito electoral “al abonar parte de los servicios prestados por Orange Market al PPCV en la campaña electoral de 2007, evitando así que esos gastos tuvieran que ser declarados por el partido político”.

FRAUDE Y FALSEDAD

El escrito también revela presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil supuestamente cometidos por el PP valenciano. El delito de falsedad en documento mercantil vendría determinado por la elaboración de las facturas que reflejaban servicios inexistentes a las distintas empresas implicadas y cuyo objetivo sería “ocultar los pagos realizados por las mercantiles por cuenta del PPCV”.

El delito contra la Hacienda Pública estaría fundamentado por la ocultación por parte de Orange Market de los ingresos recibidos de forma opaca, cuyo importe total sería de 2.565.891 euros, y que estarían relacionados con el IVA y con el Impuesto sobre Sociedades.

TRAJES Y REGALOS

Pedreira solicita que las diligencias que remite a Valencia sean incorporadas a la causa que investiga los trajes y otras dádivas presuntamente recibidos por Camps y miembros de su gobierno por parte de las empresas de la trama de corrupción debido a la “conexión entre los delitos”.

En concreto, el juez pide al TSJCV investigue “la posible relación entre los regalos” de las empresas de Correa y las presuntas irregularidades en la contratación de las mismas por parte de la administración de Camps, por lo que la causa que podría pasar de centrarse en un delito de cohecho impropio a ocuparse de un delito de cohecho propio e incluso de prevaricación.

El auto también destaca los expedientes de los mostradores que la Generalitat Valenciana instaló FITUR entre los años 2005 a 2009, un fleco en el que estaría implicado el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

El escrito señala además a Pedro García Gimeno, ex director general de Radiotelevisión Valenciana, por unos pagos que podrían estar vinculados al contrato firmado por la televisión valenciana con una empresa cercana a Correa relacionado con la visita del Papa a Valencia en el año 2006.

EVITAR LA PRESCRIPCIÓN

El magistrado de Madrid ha decidido inhibirse después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps, y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

El objetivo es evitar “la prescripción de los supuestos delitos de electorales que se desprenden de los distintos informes”, según señalaron desde el alto tribunal madrileño.

En concreto, el auto hecho público hoy revela delitos electorales, de prevaricación, de cohecho, contra la Hacienda Pública entre los años 2005 y 2008, de falsedad en documento mercantil y fiscales relacionados con las retenciones de trabajo practicadas por Orange Market en los años 2006 y 2007.