El texto afirma que las noticias falsas son “una amenaza para la libertad de información y para la democracia” y hace un llamamiento a la sociedad civil, el Estado, las organizaciones políticas, medios, periodistas y empresas tecnológicas “a enfrentarse con firmeza a esta lacra en defensa de un entorno informativo fiable y responsable”.

La PDLI sugiere 10 medidas, entre ellas que todos los actores de la cadena informativa estén implicados en la lucha contra la difusión de noticias falsas y que se llegue a una definición consensuada sobre qué debe considerarse bulo o noticia falsa y qué no, de modo que se protejan formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.

La plataforma aboga por que las empresas de distribución de contenidos desarrollen “mecanismos que penalicen, y no premien, los bulos, así como herramientas que permitan filtrarlos del torrente de contenidos que se comparten”.

“El periodismo de ‘código abierto’ es uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas”, señala el manifiesto. “Los medios facilitarán, en la mayor medida posible, la trazabilidad de sus informaciones y contenidos: mostrando las fuentes, cómo se ha obtenido la información, el método de elaboración y la autoría".

La PDLI apela a los medios a que las técnicas de verificación de contenidos cumplan los estándares internacionales consensuados en esta materia, entre otros los de apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas de ‘fact-checking’; transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad en la publicación de correcciones.