A juicio de la OCU, la decisión de gravar con un canon cualquier aparato susceptible de reproducir obras protegidas, incluso mediante medios legales, por las que el usuario ya ha pagado la licencia correspondiente, supone una doble imposición y una injusticia para el consumidor.

La organización considera inaceptable que no se tenga en cuenta la realidad actual de consumo de obras protegidas, que ha evolucionado sustancialmente en los últimos años con servicios como Netflix o Spotify. A día de hoy, la gran mayoría de usuarios en España reproduce este tipo de obras mediante medios legales y en muchos casos pagando cuotas mensuales que no le otorgan la propiedad sobre esa obra, sino solo una licencia para poder reproducirla cuantas veces quiera.

Para la OCU, no hay duda de que “los autores deben ser debidamente remunerados por su trabajo”. Sin embargo, en su opinión el sistema de compensación por copias privadas no es la solución.

La OCU cree que el Gobierno no ha tenido en cuenta las nuevas realidades de consumo de los españoles al aplicar este canon, que considera discriminatorio, pues sólo beneficia a las demandas de quienes están llamados a recibir compensaciones por copia privada, y no a los consumidores, que "serán culpabilizados de forma preventiva" y pagarán de manera injusta por algo que no deben.

En este sentido, la OCU considera que, en un mundo cada vez más conectado, el canon digital se revela como una forma manifiestamente injusta y con un fin meramente recaudatorio de financiar un sistema obsoleto como el que defienden las entidades de gestión, que se niegan a reconocer que los patrones de consumo de los usuarios actuales han cambiado.