Esta organización denuncia en un comunicado estar en contra de que "los médicos abortistas, cuyo lucro personal depende del número de seres humanos que logran eliminar cada día, sean los encargados de dirimir si una menor está en una situación de conflictividad familiar y por tanto, no deba informar a sus padres de que ha decidido matar al niño que lleva en su seno, supone una aberración y una subversión del principio de la patria potestad, tal y como recoge el reglamento que desarrolla la nueva Ley del Aborto, que entrará en vigor el próximo día 5 de julio".

“Este extremo del borrador del reglamento, de llevarse a cabo, es como poner a los zorros a cuidar del gallinero”, subrayó Gádor Joya portavoz de Derecho a vivir.

Por otra parte, Joya también considera que el requisito de una sola firma, en el caso de menores que no aleguen conflictividad, no garantiza los derechos de los dos padres.

“En una sociedad con un número de rupturas matrimoniales cada vez mayor, que sólo sea necesaria la firma de uno de los padres podría dejar fuera de juego a los que no sean informados y que tienen igual derecho a conocer si su hija está viviendo un drama como es el de plantearse un aborto tras un embarazo inesperado", concluyó.