Rojas hizo este pronóstico en un encuentro con periodistas en Madrid en vísperas del inicio de una nueva campaña estival de incendios forestales, que suele abarcar del 15 de junio al 15 de septiembre.

El decano de los ingenieros de montes comentó que la zona centro “tiene peor pinta” con vistas a este verano porque no se prevé que haya precipitaciones abundantes hasta el menos el próximo otoño, y añadió que “Ourense es especialmente peligroso en un año seco”.

Además, comentó que en el área mediterránea y en Canarias “ha llovido mucho” en los últimos meses, especialmente en el invierno con el paso de varios temporales, pero añadió que “la primavera fue cálida y ya se está secando”, con lo que los incendios del verano dependerán de los vientos. “Si se estabiliza el levante, el Mediterráneo va a estar tranquilo. La zona centro la veo más problemática porque venimos de un invierno seco”, apuntó.

La vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, Inés González Doncel, agregó que “todos los veranos son potencialmente malos y con esa previsión se preparan las administraciones”, y subrayó que “el mayor coste son las pérdidas de vidas humanas” porque, según añadió, “prácticamente todos los veranos muere alguien en las labores de extinción”.

Por otro lado, Rojas indicó que actualmente se dedican a extinción de incendios forestales “entre 1.000 y 1.500 millones de euros”, y que este presupuesto apenas ha variado en los últimos años, pero consideró escasas las partidas en gestión forestal, que se sitúan en torno a 300 millones procedentes en su mayoría de fondos europeos de desarrollo rural, cuando antes de la crisis económica era alrededor del doble.

Añadió que la cantidad para gestión forestal y prevención de incendios debería estar entre 2.000 y 2.500 millones de euros, que supondría multiplicar por 90 euros cada una de las 27 millones de hectáreas forestales que tiene España. “Los presupuestos para mantener los bosques en condiciones han bajado dramáticamente con la crisis”, indicó.

Por último, Rojas y Doncel defendieron la creación de un Fondo Forestal Nacional dotado con cerca de 700 millones de euros a través de impuestos ambientales que recaudaría el Estado y distribuiría entre las comunidades autónomas, con el fin de generar riqueza en el campo, evitar la despoblación rural, fomentar la bioeconomía y prevenir los incendios forestales.