España firmó en marzo de 2013 el acuerdo de préstamo con el FMI, por el cual aceptaba poner a disposición del organismo una cantidad en Derechos Especiales de Giro (DEG) de hasta 1.860 millones de euros.

El propósito de ese acuerdo, señaló el Ejecutivo, era aumentar los recursos financieros a disposición de del FMI para la prevención y resolución de crisis. El acuerdo entró en vigor el 19 de julio de 2013 con una duración inicial de dos años y tras dos extensiones, cuya posibilidad se preveía, expirará el próximo 19 de julio de 2017.

El 15 de agosto de 2016, el FMI planteó la necesidad de renovar dichos préstamos, dados los riesgos que todavía persisten en el sistema financiero internacional.

El G-20 respaldó en la Cumbre de Hangzhou, de septiembre de 2016, dicha propuesta y apoyó el mantenimiento de la capacidad de préstamo del Fondo.

En ese contexto, la práctica totalidad de países de la Unión Europea han aceptado renovar sus préstamos. España también ha manifestado su intención de hacerlo.

Aunque la decisión de contribuir al Fondo es estrictamente nacional, los países de la Unión Europea han coordinado sus posiciones durante el proceso de renovación, en el marco de sus intereses en buena parte comunes ante los grandes temas de discusión en el FMI.

Desde el punto de vista de Contabilidad Nacional, los recursos que los países comprometen en estos préstamos no tienen impacto en el déficit público ni suponen nuevas necesidades de financiación, aclaró el Gobierno.