Fuentes del departamento dirigido por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicaron que el objetivo de reiterar las órdenes de detención es poder solicitar a Francia en los próximos meses la entrega temporal de los presuntos etarras para que puedan responder en España por las acciones criminales que se les imputan.

La Fiscalía también baraja la posibilidad de que los jueces de la Audiencia Nacional se desplacen en un futuro a Francia para tomar declaración a los detenidos mientras son investigados y procesados en el país galo.

Carrera Sarobe, alias “Ata”, considerado el número uno de la banda tras la detención el pasado marzo de Ibon Gogeaskoetxea, está reclamado por el Juzgado Central número 3 de la Audiencia Nacional, del que es titular el juez Fernando Grande-Marlaska, por ser la persona que presuntamente ordenó instalar una base logística en Portugal, que fue desmantelada tras la interceptación de una furgoneta cargada de explosivos en la provincia de Zamora y con el descubrimiento del piso franco que ETA tenía en la localidad de Óbidos.

El episodio de la furgoneta se saldó con la detención en Portugal de los etarras Iratxe Yáñez y Garikoitz García, mientras que Oier Gómez y Andoni Zengotitabengoa huyeron de la base de Óbidos. Finalmente, Zengotitabengoa fue arrestado el 11 de marzo en el aeropuerto de Lisboa cuando trataba de coger un avión con destino a Caracas (Venezuela).

Grande-Marlaska imputa a Carrera Sarobe por esta causa delitos de integración en organización terrorista en grado de dirigente, tenencia de explosivos y conspiración para cometer atentados terroristas ya que, como jefe militar de la banda, se cree que fue el “cerebro” del intento de ETA de montar una base en Portugal.

ASESINATO DE UN GENDARME

Las fuentes consultadas confirmaron además que se sospecha que Arkaitz Agirregabiria, uno de los detenidos esta madrugada junto a Carrera Sarobe, pudo participar en el asesinato, el pasado 16 de marzo, del gendarme Jean-Serge Nérin en la localidad francesa de Dammarie-les-Lys.

En concreto, a Agirregabiria se le ha incautado una pistola que pudo ser utilizada en el asesinato, aunque se está a la espera de que las autoridades francesas realicen las pertinentes pruebas de ADN para confirmar este extremo.

Además, Agirregabiria está reclamado en el Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, del magistrado Fernando Andreu, por su presunta participación en la colocación de un artefacto explosivo en la sede del PSE de Derio (Vizcaya) el 23 de julio de 2005.

ETARRA HUIDA

Por su parte, Maite Aranalde, huida de la justicia española desde que el pasado mes de agosto quedara en libertad por orden del juez Eloy Velasco, tiene un total tres causas abiertas en la Audiencia Nacional.

En concreto, el juez Santiago Pedraz imputa a la presunta etarra delito de integración en banda armada, estragos terroristas y tenencia de explosivos por su presunta participación junto al ex jefe militar de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias “Txeroki”, en la colocación de varias bombas en distintas gasolineras de la Comunidad de Madrid durante la Operación Salida del puente de la Constitución de 2004.

Por su parte, el magistrado Ismael Moreno reclama a Aranalde por un delito de colaboración con banda armada por el apoyo que supuestamente brindó al denominado “comando Baader Meinhof” de ETA.

Por último, el juzgado de Baltasar Garzón, del que se encarga su compañero Pedraz tras su suspensión cautelar, reclama a Aranalde por un delito de pertenencia a banda armada por su presunto participación en la reconstrucción del "comando Donosti".

En el marco de esta causa, el juez Velasco, en sustitución de Garzón, decidió el pasado 27 de agosto dejar en libertad a Aranalde bajo fianza de 12.000 euros después de que las autoridades francesas, que habían entregado a la etarra tres días antes, extraviasen la euroorden cursada contra ella por un presunto delito de estragos terroristas y sólo enviasen a la Audiencia Nacional la documentación relativa a un supuesto delito de tenencia de explosivos.

Una semana después, el juez Baltasar Garzón, tras volver de vacaciones y revisar el caso, puso en busca y captura a la etarra Aranalde tras haber ordenado su ingreso en prisión y que la Policía comprobase que la terrorista se había dado a la fuga.

La Policía acudió al domicilio que Aranalde tiene en la localidad guipuzcoana de Ibarra y, tras realizar varias gestiones en otros domicilios, comprobó que la terrorista se había dado a la fuga. Ante esta circunstancia, Garzón decidió poner a Aranalde en busca y captura.

Las fuentes de la Fiscalía señalaron que España no tiene, en principio, ninguna causa pendiente contra los otros dos arrestados en la operación, el presunto etarra Benoit Aramendi y su pareja sentimental, Laettitia Chevalier, detenidos en la localidad francesa de Urrugne. Aún así, podrían ser encausados en Francia por asociación de malhechores.