La Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, agricultores, vecinales, católicas y de consumidores, entre otros sectores; Transport & Environment agrupa a 50 organizaciones de 26 países europeos que trabajan por un transporte sostenible; Moviment per la Justícia Climàtica nació en Cataluña poco antes de la Cumbre del Clima de París 2015, y Eco-Unión es una ONG radicada en Málaga y Barcelona.

El Consejo Europeo de Medio Ambiente debatirá el próximo 19 de junio las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre el reparto de esfuerzos y el uso de la tierra y el cambio del uso de la tierra en el sector forestal.

Centradas en la reducción de las emisiones en los sectores de transporte, edificación, agricultura y ganadería, gestión forestal, residuos, pequeña industria y gases fluorados, estas normas complementarán el sistema de comercio de derechos de emisiones, de las centrales térmicas y grandes plantas industriales en la UE.

Para las entidades de la sociedad civil, es imprescindible que se muestre más ambición climática en los debates entre los Estados miembro y en el Parlamento Europeo, sobre todo después del anuncio de la intención de Estados Unidos de salir del Acuerdo de París.

Algunos de los cambios ya propuestos a los textos aumentarían la ambición a favor del clima, pero otros no, ya que, de incrementar la ‘flexibilidad’ de la normativa o cambiar otros detalles, introducirían o ampliarían ‘lagunas’ legales que permitirían retrasar la reducción de las emisiones o incluso, emitir más.

En su carta, las entidades firmantes solicitan que Tejerina defienda en el Consejo Europeo de Medio Ambiente una meta climática para 2030 “más exigente” y un nuevo objetivo “ambicioso” de reducción del 95% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2050.

Además, reclaman “un punto de partida que refleje las emisiones reales y no recompense a los países por el fracaso”, y eliminar la “laguna forestal” que permite a los países utilizar créditos forestales no permanentes para autoriza más emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores difusos.

Eliminar la reserva que permite a ciertos países (como España) compensar unas emisiones excesivas con derechos de emisión gratuitos, un mejor sistema de gobernanza con controles anuales de cumplimiento y sanciones financieras a los países que no cumplan sus objetivos climáticos anuales, y una cálusula de revisión que permita que esos objetivos aumenten con el tiempo.