Así lo anunció este lunes el portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, quien justificó la urgencia por la “evidente alarma social” que se ha creado al divulgarse estos gastos y la contratación de la organización a una empresa radicada en Singapur y con un capital social de euro y medio.

Con esta iniciativa, el PP pretende comprobar si el Gobierno municipal está realmente dispuesto a que se fiscalice su gestión y no sólo la de sus predecesores del PP en una especie de “cacería mediática”. Almeida dijo que espera que el PSOE y Ciudadanos, con quienes aún no ha hablado, apoyen la constitución de esta comisión de investigación.

Por lo demás, en el pleno de este martes y miércoles, el PP ha retirado su propuesta de desalojo del edificio de ‘La Ingobernable’, dado que ya presenta una similar el PSOE; y enmendará la propuesta de socialistas y Ahora Madrid de crear un comité de crisis con cada asesinato de violencia de género para que sea permanente y periódico.

También pedirá la comparecencia de la concejala de Arganzuela, Rommy Arce, por desautorizar a policías frente a las protestas de militantes de Podemos; preguntará por los “dinamizadores culturales” contratados a dedo en varios distritos, se quejará de que el Gobierno municipal no cumple con el Plan Madrid Incluye para personas con discapacidad, y pedirá la eliminación de las plusvalías municipales tras la sentencia del TC.

Almeida también mostró sus dudas por el hecho de que el recurso contra el Ministerio de Hacienda por sus pegas al Plan Económico Financiero del Ayuntamiento lo vayan a presentar la portavoz del Gobierno, Rita Maestre, y el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato , cuando el PEF lo aprobó el pleno municipal. Según dijo, podría ser inadmitido por este defecto de forma.

Por último, cuestionó la pertinencia de las consultas participativas, cuando según sus datos se ha pasado de 11.000 a 4.000 iniciativas respecto a 2016, con sólo dos de ellas por encima de los 27.000 apoyos ciudadanos mínimos, lo que a su juicio demuestra que los madrileños saben que son “procesos trucados”.