Para la Fravm, la nueva ordenanza, que el Consistorio ha sometido a información pública, regula, entre otros aspectos, el derecho a la ocupación del dominio público y la propiedad privada o la cobertura de servicio universal de conexión a banda ancha para toda la ciudadanía mediante la instalación de antenas de telefonía móvil y otros dispositivos.

Sin embargo, denuncia que no regula cuestiones tan fundamentales como las medidas a adoptar para garantizar la protección de la salud de la población por la exposición a los campos electromagnéticos, ni los criterios de control de las emisiones que reciben los ciudadanos, ignorando así, a su juicio, las últimas resoluciones del Parlamento Europeo.

Por ello, la Fravm ha registrado alegaciones a la ordenanza, en las que recuerda las conclusiones de numerosos estudios e informes internacionales sobre los peligros para la salud de las personas de las emisiones de telefonía móvil.

Además, según la Fravm, la nueva norma municipal tampoco considera las recomendaciones europeas que instan a las administraciones públicas a consensuar los criterios de instalación de nuevas antenas GSM. En este sentido, señala que no fija una distancia mínima que separe lugares sensibles como escuelas, residencias de ancianos o centros de salud de este tipo de instalaciones.

Por todo ello, la Fravm pide la retirada de la nueva ordenanza y exige la constitución de una comisión consultiva que cuente con participación vecinal que redacte un nuevo texto y tenga en cuenta a ordenanzas más garantistas, como la de Leganés.