El departamento dirigido por el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, asegura en el informe hecho público hoy que la ley permite que el CGPJ conceda a Garzón el permiso de servicios especiales para trabajar en el TPI a pesar de que la nueva situación administrativa del magistrado.

El pleno del CGPJ decidió el pasado viernes suspender cautelarmente en sus funciones al magistrado y le apartó temporalmente de la Audiencia Nacional como consecuencia de la apertura de juicio oral dictada en su contra por su investigación de los crímenes del franquismo.

La Fiscalía contesta con este escrito a la solicitud del CGPJ, quien el pasado viernes aplazó su decisión sobre el permiso solicitado por el juez Garzón y acordó pedir nuevos informes para tratar de dilucidar las consecuencias legales de su suspensión cautelar.

Fuentes del CGPJ señalaron que los cinco vocales de la Comisión Permanente -Carlos Dívar, Manuel Almenar, Margarita Robles, Antonio Dorado, Almudena Lastra- se reunirán esta misma tarde para decidir si permiten que Garzón se traslade al TPI a pesar de estar suspendido, aunque no pudieron concretar la hora exacta del encuentro.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

El Ministerio Público, tras examinar los distintos artículos que regulan la suspensión cautelar de los jueces y los permisos de servicios especiales, concluye que la ley “no establece como consecuencia necesaria de la situación de suspensión provisional de un juez o magistrado la imposibilidad de que ésta cambie de situación administrativa, y, por consiguiente, pueda ser declarado en servicios especiales”.

El informe hace referencia al artículo 365 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece en su artículo cuarto que “en tanto no transcurra el plazo de suspensión no procederá cambio alguno de situación administrativa”. El departamento de Conde-Pumpido asegura que la suspensión a la que hace referencia este artículo es la definitiva, es decir, la que recae sobre un juez o magistrado una vez es condenado, y no a la cautelar.

En este sentido, señala que la suspensión provisional “tan solo incluye la privación temporal y plenamente reversible del ejercicio de la función, con un estatus claramente asimilado al del servicio activo”.

Por lo tanto, concluye que se puede conceder a Garzón permiso para trasladarse al TPI “en cuanto la actividad para la que se requiere la declaración de servicios especiales no comporta el efectivo ejercicio de jurisdicción, ni se vincula a ese ejercicio”.

Por último, recuerda que la Fiscalía ha pedido el archivo de las tres causas abiertas contra Garzón en el Tribunal Supremo –investigación del franquismo, escuchas a los abogados del “caso Gürtel” y subvenciones del Banco Santander a los cursos que impartió en Nueva York- al considerar que ninguna de ellas es constitutiva de delito.

OTROS INFORMES

De forma complementaria, la Sala de lo Penal ha comunicado al CGPJ que, tras audiencia de los tres magistrados que instruyen las tres causas abiertas contra Garzón, “no se han adoptado en ninguna de ellas medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del magistrado”.

Los otros dos informes externos solicitados por el CGPJ para dirimir el futuro de Garzón, el del Ministerio de Asuntos Exteriores y el del propio TPI, fueron recibidos ayer, lunes, en la sede del órgano de gobierno del Poder Judicial.

Mientras la Fiscalía del TPI, dirigida por Luis Moreno Ocampo, reiteró la oferta de trabajo realizada a Garzón y aclaró que su suspensión cautelar no modifica en nada su interés por el magistrado, el ministerio de Miguel Ángel Moratinos señaló que sigue considerando de interese la presencia del juez en La Haya. Asuntos Exteriores argumentó que siempre está a favor de potenciar la presencia española en los órganos internacionales.

Tras recibir los cuatro escritos solicitado, el Consejo está pendiente de recibir el informe que debe elaborar la Secretaria General del propio CGPJ.

La Comisión Permanente del Consejo tratara esta tarde de saber, a la luz de los informes recibidos, si existe una fórmula para sortear los problemas legales que genera la singular situación de Garzón.