El informe analiza las estadísticas oficiales de venta de material de defensa de España en los dos últimos años e identifica “exportaciones preocupantes” en ese periodo a Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Iraq, Israel y Turquía por “el riesgo sustancial de que puedan contribuir a cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional”.

Las ONG de Armas Bajo Control mencionaron las exportaciones de armas a Arabia Saudí e Iraq como ejemplo de la necesidad de que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de material de defensa mejore la evaluación de riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional.

En este sentido, critican la exportación de municiones, granadas de mortero, diversos sistemas y equipos y aviones a Arabia Saudí por valor de más de 650 millones euros en 2015 y 2016, pese al “riesgo sustancial de que puedan contribuir a facilitar o cometer graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario en Yemen”.

El otro caso destacado es la exportación de municiones, granadas de mortero y vehículos blindados por valor de casi 140 millones de euros a las fuerzas armadas de Iraq, a pesar del "deterioro de la situación de derechos humanos y al riesgo de desvío de las armas" de modo que caigan en manos de Daesh (autodenominado Estado Islámico).

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES

En este sentido, las ONG propusieron un decálogo de recomendaciones al Gobierno y al Congreso de los Diputados para potenciar la transparencia, el control de las exportaciones y el escrutinio parlamentario, entre ellas que la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja examine las actas de las licencias de armas a Arabia Saudí e Iraq concedidas por la Junta Interministerial que las regula.

Por acuerdo del Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1987, las actas de este organismo son secretas. El próximo mes de diciembre se cumplirá una década de la adopción de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas.

“Cualquier posible venta de armas a Arabia Saudí que pueda usarse en Yemen es ilegal porque viola la legislación española e internacional sobre comercio de armas”, apuntó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Beltrán reclamó al Gobierno que “no autorice ventas de armas a este país, incluido el posible contrato que la empresa pública Navantia está negociando para la construcción de cinco corbetas para la armada saudí, mientras exista un riesgo sustancial de que podrían emplearse para cometer o facilitar violaciones graves del derecho internacional o ser objeto de desvío”.

José María Vera, director de Oxfam Intermón, destacó la “catástrofe humanitaria provocada por la guerra en Yemen, que se encuentra a un paso de la hambruna y donde más de 21 millones de personas necesitan ayuda humanitaria para cubrir sus necesidades básicas, en una crisis exacerbada por el bloqueo naval de Yemen”, y añadió que la coalición encabezada por Arabia Saudí ha bombardeado escuelas, hospitales, mercados y mezquitas, y ha reconocido haber usado municiones de racimo en un conflicto en el que todas las partes han cometido graves violaciones y abusos.

Por otro lado, Armas Bajo Control indicó que el Gobierno español alega que en todos los documentos de uso final asociados a las licencias aprobadas a Arabia Saudí en 2015 y 2016 que las autoridades de este país certificaron que los equipos y las municiones iban a ser destinados a uso interno y en ningún caso iban a ser reexportados sin el visto bueno de España, al tiempo que indica que se reforzaron las garantías establecidas en los modelos de certificados de último destino desde el golpe de Estado en Yemen en marzo de 2015 y de la intervención de la coalición de los países de la Liga Árabe.

“HACER BALANCE”

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, pidió que se aclare si esas garantías “reforzadas” son legalmente vinculantes y que se detalle en qué consisten. “Nos surgen muchas dudas. Dado el pésimo historial saudí de uso de armas en Yemen con la comisión de presuntos crímenes de guerra, los informes sobre desvío de armas a grupos armados en Siria y la presencia de armas españolas en Yemen, se plantea una duda razonable, por lo que pedimos al Gobierno que deje de exportar armas a Iraq y cese las ventas de armas a Arabia Saudí susceptibles de ser usadas en Yemen”, apostilló.

Rodríguez reclamó a la secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela, que profundice en estos asuntos en su comparecencia de este martes en el Congreso de los Diputados y se preguntó cuáles son los mecanismos de refuerzo de la verificación del uso y si la embajada española en Arabia Saudí está haciendo seguimiento del uso de esas armas sobre el terreno.

Por último, el director de FundiPau, Jordi Armadans, se preguntó cómo puede garantizar el Gobierno español que las armas exportadas a Iraq no se usarán para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario en el conflicto armado interno iraquí y apuntó al riesgo de desvío y de que las armas caigan en manos de Daesh. “Es hora de hacer balance y seguir avanzando en la transparencia y el control parlamentario del comercio de armas español”, concluyó.